La regulación del cannabis en México: el interés económico por encima de la justicia social

Por Frida Ibarra, Abogada, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del uso personal del cannabis prevista en la Ley General de Salud, por ser una medida desproporcional y que atenta en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, el máximo tribunal mandató al Congreso de la Unión para que modificara o derogara la norma declarada como inconstitucional dentro de un plazo de 90 días naturales.

No obstante, esto no ocurrió. Desde entonces, la SCJN ha otorgado dos prórrogas al Congreso para que éste termine con la prohibición: primero para el 30 de abril de 2020 y, posteriormente, para el 15 de diciembre de 2020.

En este escenario, y a marchas forzadas, el pasado 19 de noviembre, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis, reconociendo tres tipos de uso: adulto, industrial y de investigación. El voto, cabe destacar, tuvo lugar en un contexto de irregularidad, puesto que las Comisiones del Senado votaron un proyecto que no estaba terminado; y el cual fue modificado ex-post.

Antes de profundizar sobre su contenido, hay que aclarar que la reforma aun no se concreta sino que faltan algunos pasos más en el proceso legislativo para que sea una realidad: el dictamen deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y, posteriormente, promulgado por el ejecutivo federal.

Lamentablemente, algunos aspectos del dictamen aprobado por el Pleno del Senado pueden obstaculizar que México cuente con una regulación legal del cannabis desde un enfoque de justicia social. A continuación, explicaremos su contenido y nuestras preocupaciones principales:

Beneficios para las grandes industrias

Algunos candados previstos para evitar la integración del mercado, y sus consecuencias en términos de acumulación de influencia por poderosos actores económicos, fueron eliminados en el dictamen finalmente aprobado por el Pleno del Senado. La versión final autoriza la obtención de más de un tipo de licencia (cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación). Cualquier empresa o persona que ostente una relación con otra persona titular de alguna licencia, ahora podrá obtener su propia licencia.

Adicionalmente, el dictamen contiene barreras para la entrada de pequeños participantes y campesinos, al contemplar disposiciones desproporcionadas para la adquisición de semillas, como las pruebas de testado y trazabilidad, y requisitos de empaquetado excesivos y onerosos.

Otro aspecto de preocupación es que el dictamen aprobado eliminó la prohibición de producir y vender bebidas y comestibles con cannabis, permitiendo la entrada a las industrias de comida y bebidas chatarra. La opinión de expertos sobre el riesgo de esta apertura para la salud de la población en general fue ampliamente ignorada.

Sobrerregulación para las personas consumidoras

Para el uso personal de cannabis, las personas solo podrán portar 28 gramos. Para cantidades superiores (de hasta 200 gramos), hará falta un permiso y, a falta de este, las personas podrán enfrentar sanciones administrativas o incluso penales. El texto final crea, de esta forma, una contradicción en términos de respuesta a las personas usuarias. Por un lado, el artículo 41 ofrece una protección expresa, libre de trámites, a las personas usuarias que porten menos de 28 gramos; y, por el otro, el artículo 56 responde a otras personas usuarias con la amenaza del castigo.

Para las actividades de autoconsumo (sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, portar, transportar y consumir), solo se permite contar con 6 plantas por persona y máximo 8 por hogar. Además, es obligatorio realizar modificaciones a los hogares para evitar la propagación del humo a terceros, imponer barreras físicas para que nadie sin permiso pueda acceder a la sustancia y cumplir con demás requisitos que discrecionalmente imponga la autoridad responsable.

Por si fuera poco, las personas deberán someterse a verificaciones en sus hogares, en violación de su privacidad y estando expuestos a las arbitrariedades de las autoridades que, nuevamente, podrían culminar en multas o sanciones penales.

En efecto, el incumplimiento a estas medidas genera multas de 60 a 120 unidades de medida y actualización (UMA). Considerando que el valor para 2020 de la unidad de medida y actualización es de $86.88, hablamos de multas de entre 5212,8 - 10425,6 pesos mexicanos (~ $USD 260 - 520). Cabe destacar que para un sinnúmero de mexicanos, el umbral más bajo de este rango supera su salario mínimo mensual.

Las asociaciones de consumo de cannabis sólo podrán contar con un máximo de 20 miembros, tener 4 plantas por persona y ubicarse al menos a 500 metros de distancia de cualquier vivienda.

Uso del sistema de justicia penal como herramienta regulatoria

Si la prioridad de toda regulación del cannabis es reparar los daños causados por el sistema prohibicionista, es indispensable reducir al máximo el uso del sistema de justicia penal como herramienta para atender el fenómeno de las drogas. No obstante, el dictamen establece nuevas penas de prisión y mantiene delitos como la posesión simple y el cultivo.

En el caso de la posesión simple, el dictamen aumenta los umbrales permitidos para la posesión de 5 a 28 gramos. Con esto, se mantiene el espacio para la extorsión policial y la detención de personas simplemente por su apariencia física y condición socioeconómica.

En el caso del delito de cultivo, el dictamen continúa castigando a las personas de “escasa instrucción y extrema necesidad” que se dediquen primordialmente al campo y establece una pena de hasta 3 años de prisión para personas campesinas que cultiven cannabis sin licencia (Artículo 198 del Código Penal Federal).

La permanencia de estos delitos, la sobrerregulación del consumo y las barreras de entrada para los pequeños participantes, evidencian que el dictamen aprobado por el Pleno del Senado busca proteger los intereses económicos de las grandes empresas y beneficiar a un sector de la población económicamente privilegiado. Todo esto, a costa del resto de la población, que será excluida de los beneficios de la regulación y continuará siendo víctima de un injusto sistema punitivo.

Con la aprobación de este modelo, resulta claro dónde están las prioridades del Senado y que este mercado pequeño y caro no traerá justicia social, ni incentivos para eliminar un mercado ilegal de cannabis y para la urgente pacificación de México.