La semana pasada, la alarma generalizada entre activistas de derechos humanos y de la reforma de la política de drogas alrededor del mundo con respecto a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en nombre de la guerra contra las drogas en Filipinas condujo a una fuerte presión sobre las autoridades de la ONU para pronunciarse. El 2 de agosto de 2016, dos cartas abiertas firmadas por más de 370 ONG fueron enviadas por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas al Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y diseminadas a través de un comunicado de prensa. La respuesta de los medios fue rápida, con cobertura tanto por medios internacionales de gran relevancia, como The Guardian, el Huffington Post y Time, como por medios locales en Filipinas, como the Inquirer, aparentemente provocada por una entrada en el blog de Human Rights Watch (una de las organizaciones firmantes de las cartas) que fue publicada después de que finalizase el embargo sobre el comunicado para los medios. Las cartas abiertas también fueron mencionadas en un artículo en la portada del New York Times, que hacía la crónica de las atrocidades denunciadas. El secretariado del IDPC respondió a entrevistas de la BBC, ABS-CBN y CNN en Filipinas.

En las 24 horas que siguieron al envío de las cartas, tanto la JIFE como la UNODC rompieron el silencio y produjeron comunicados condenando las ejecuciones extrajudiciales -se trata de los comunicados más tajantes de este tipo que las agencias de fiscalización de drogas de la ONU han hecho jamás. Las prontas respuestas de la ONU generaron aún más atención mediática, que incluyó a un grupo de medios en Filipinas. En un contexto en el cual el Presidente Duterte goza de una gran popularidad al inicio de su mandato de seis años, los comentarios en respuesta a los artículos de prensa muestran amplio apoyo a sus políticas. Sin embargo, hay oposición de alto nivel a estas matanzas; tanto desde líderes religiosos y grupos de la sociedad civil, como también la Vice Presidenta Leni Robredo y las Senadoras Risa Hontiveros y Leila De Lima, quienes han llamado al respeto de los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En adelante, la presión internacional para hacer un llamado al cese de las matanzas y las incitaciones al asesinato por parte del Presidente y de autoridades del gobierno necesita continuar. También se debe dar atención al impacto terriblemente negativo que tiene la guerra contra las drogas de Duterte, particularmente en relación a la re-instauración de la pena de muerte, a la sobre-población carcelaria que entra en un estado crítico y a los planes para la "rehabilitación" que se han evocado para las más de 100,000 personas que se entregaron a las autoridades por causa de su uso de drogas, incluyendo propuestas de usar campos militares para estos efectos.

En ese sentido, se sugieren las siguientes acciones:

  1. Tomar parte en las campañas que se han lanzado, por ejemplo por Amnesty International así como también por INPUD y ANPUD para que se envíen cartas a las embajadas de Filipinas alrededor del mundo sobre esta grave situación.
  2. Solicitar a las autoridades gubernamentales pertinentes, como por ejemplo el ministerio de asuntos exteriores y las agencias de control de drogas, si pueden elevar su preocupación por las atrocidades cometidas a través de canales bilaterales y también en foros internacionales, como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Por ejemplo, se ha cuestionado que el gobierno de los Estados Unidos financie asistencia relativa al control de drogas por parte de Filipinas
  3. Mantener el foco sobre esta cuestión a través de los medios y de canales de medios sociales.

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