Por Coletta A. Youngers (Investigadora de WOLA y Colaboradora del IDPC para la región de América Latina) y Catalina Pérez Correa (Investigadora por el CIDE en México). Ambas son miembros del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).

Quizás porque los efectos de la “guerra contra las drogas” se han sentido tan intensamente en América Latina, estos países han emergido como actores de vanguardiaen los esfuerzos para promover un debate internacional para repensar las políticas de control de drogas. Sin embargo, en contraste con esa retórica, el encarcelamiento masivo por delitos de drogas de bajo nivel ha aumentado en toda la región, como lo muestra una investigación reciente, publicada por el Colectivo de Estudios Drogas y DerechoCEDD. En la mayoría de los países latinoamericanos estudiados, por lo menos una de cada cinco personas en prisión ha sido encarcelada por delitos de drogas. Y en varios países, esta población está creciendo a tasas más altas que la población general de la prisión.

Prison Buen Pastor en Bogotá, Colombia. Copyright: Adam Schaffer

Colombia ofrece un caso de estudio que pone en evidencia esta situación. El gobierno colombiano es uno de los actores más vocales en presionar para que las cuestiones de derechos humanos sean incorporadas en el debate de la UNGASS sobre drogas. Sin embargo, en ese país, el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas casi se cuadruplicó en los últimos 14 años, pasando de 6.263 personas en 2000 a 23.141 en 2014. En Brasil, el número aumentó en 320 por ciento entre 2005 y 2012, en contraste con un aumento del 51 por ciento para la población general de la prisión.

La crisis penitenciaria y las condiciones carcelarias inhumanas que estas tasas de encarcelamiento han generado están en el centro del debate sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas en América Latina. Sin embargo, mientras que los funcionarios reconocen la necesidad de un cambio en su discurso, no están cumpliendo con su responsabilidad de cambiar las políticas sobre el terreno.

El impacto de largas e injustas sentencias tiene un efecto devastador sobre los presos, sus familiasy sus comunidades. El estudio del CEDD muestra que la gran mayoría de los presos son pobres, tienen bajos niveles de educación y pocas oportunidades de empleo formal, y puedenpertenecera minoríasétnicas. La prisión empeora las cosas, ya que hunde a las familias aún más en la pobreza, y una vez en libertad, estas personas tienen aún menos probabilidades de encontrar un empleo remunerado debido a sus antecedentes penales.

Ángela tiene 24 años y es madre soltera de tres hijos. Actualmente está encarcelada pou un delito de drogas en la cárcel Buen Pastor en Bogotá, Colombia. Copyright: Adam Schaffer

La situación es especialmente dura para las mujeres y los menores que aterrizan en el sistema de justicia penal. Si bien es cierto que hay muchas menos mujeres en prisión que hombres en América Latina, las mujeres son encarceladas por delitos de drogas a un ritmo mucho más alto. El estudio del CEDD revela que en Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60 por ciento de la población carcelaria femenina se encuentra en prisión por delitos de drogas. La gran mayoría - más del 90 por ciento en algunos casos, como en Costa Rica - son madres solteras. A menudo, estas mujeres se involucran en la venta de bajo nivel o el transporte de drogas como una forma de poner comida en la mesa para sus hijos. Para los jóvenes delincuentes, aterrizar en cárceles o centros de detención juvenil deja cicatrices por la vida.

El apoyo a legislación sobre drogas excesivamente dura se debe a las preocupaciones reales de que los mercados de drogas generan la inseguridad ciudadana y la violencia. Sin embargo, los datos del estudio anterior de la CEDD muestra que la encarcelación masiva está dirigida principalmente a los delincuentes de drogas de bajo nivel, cuyo arresto tiene poco o ningún impacto en el tráfico de drogas, ya que son los más fáciles de reemplazar.

Sin embargo, la reforma de la política de drogas puede provenir de lugares inesperados. La nueva investigación de la CEDD fue lanzada al mismo tiempo que la Corte Suprema de México votó 4-1 sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Federal de Salud, que prohíbe la posesión y el cultivo de mariguana para uso personal. En el fallo, que por ahora sólo se aplica a los cuatro demandantes en el caso, el tribunal declaró que la prohibición es una limitación excesiva a la libertad personal; y una restricción que trae pocos beneficios para la salud o para el orden público, pero impone limitaciones pesadas a la libertad personal. Pero el fallo llega justo a tiempo. Según el estudio del CEDD en México, 60 por ciento de los reclusos en los centros penitenciarios en nueve estados mexicanos están encarcelados por delitos relacionados con la marihuana. Las condiciones de reclusión en las cárceles estatales son bien conocidas por ser deplorables.

Johana ha sido condenada a 7 años de prisión por un delito menor de drogas en la cárcel de Buen Pastor en Bogotá, Colombia. Ella tiene tres hijos que quedan en una situación de alta vulnerabilidad. Copyright: Adam Schaffer

Desde hace ya tiempo es hora de que los gobiernos de América Latina se pongan a la altura de las circunstancias y compaginen el discurso con la acción. Las leyes de drogas desproporcionadas alimentan la encarcelación masiva en las Américas, sin interrumpir el tráfico de drogas. Las leyes de drogas actuales utilizan las penas de prisión como un primer recurso, en lugar de ser un último recurso. Estas leyes deben ser reformadas para garantizar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos. Alternativas al encarcelamiento deben ser implementadas, especialmente para mujeres con cargas familiares. Ninguna mujer embarazada o madre de los menores debe ser encarcelada por un delito de drogas. América Latina no sólo tiene la oportunidad de estar a la vanguardia del debate, sino también de emprender un nuevo rumbo más eficaz, humano y justo.

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