Por la Comisión Interamericana de Derehcos Humanos

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América. La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

La Comisión reconoce y valora los importantes esfuerzos realizados por los Estados para reducir el uso de la prisión preventiva, pero su utilización sigue siendo general y excesiva. En la región, el promedio de personas en prisión preventiva es 36.3% del total de la población penitenciaria, superando el 60% en algunos países. Las medidas necesarias para reducir el uso abusivo de la prisión preventiva y responder a la crisis penitenciaria son conocidas, y hasta cierto punto, ya probadas. Sin embargo, la CIDH manifiesta su preocupación por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas y urge a los Estados a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan la región.

“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro.

El principal objeto del informe es dar seguimiento al Informe sobre el uso de la prisión preventiva en América de 2013, mediante el análisis de los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los Estados. En particular, se realiza un seguimiento a las recomendaciones relativas a políticas del Estado, erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o herramienta de control social, defensa pública, uso de medidas alternativas, y celeridad en los procesos y corrección del retardo procesal. Asimismo, el informe incorpora una perspectiva de género y un enfoque diferenciado respecto a personas que pertenecen a diversos grupos en situación especial de riesgo, tales como personas afrodescendientes, indígenas, personas mayores, personas con discapacidad y personas con orientaciones sexuales y expresiones o identidades de género diversas.

De igual forma, el informe proporciona recomendaciones dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales en la materia, con un énfasis en la aplicación de medidas alternativas que permiten que la persona imputada se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso penal. “Son muchas e importantes las ventajas de aplicar medidas alternativas para racionalizar el uso de la prisión preventiva y ajustar su uso a los estándares interamericanos e internacionales”, dijo el Relator Cavallaro. “Cuando se utilizan medidas alternativas, se evita la desintegración familiar y la estigmatización de la comunidad, se disminuyen las tasas de reincidencia y se utilizan de manera más eficiente los recursos públicos”, agregó.