Declaración sociedad civil colombiana de cara a UNGASS 2016
Nace coalición de la sociedad civil de cara a Ungass 2016.
El pasado martes 12 de abril recibió a varias iniciativas de diferentes sectores sociales y de la sociedad civil, convocados por el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OcdiGlobal), Dejusticia e Indepaz, para proponer y discutir los elementos de una coalición que presente una propuesta alternativa a la guerra contra las drogas de cara a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas de 2016, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York entre el 19 y 21 de abril próximos. Dicha coalición generó una declaración encaminada a dejar sentadas las bases de una reforma a la política de drogas actual.
OcdiGlobal, DeJusticia e Indepaz convocaron a diferentes iniciativas y organizaciones sociales con el fin de discutir en un desayuno de trabajo los elementos de una coalición que proponga nuevas miradas alternativas a la problématica de drogas en el país.
Esta convocatoria se hizo como evento previo a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas de 2016, en la que se expondrán lo progresos y problemas alcanzados en materia de política de drogas en el mundo entero.
El evento contó con la participación de cerca de treinta representantes de la sociedad civil entre los que destacaron Miguel Samper de Vivamos Humanos; Darío Fajardo de la Universidad Externado de Colombia; Catalina Niño de Fescol; Pablo Zuleta de la Open Socierty Foundation; Marcela Tovar de la Plataforma de Mujeres Contra la Prohibición; Héctor Moncayo de ILSA; Hernando Zuleta del Cesed; Adriano Muro de Elementa; David Curtidor de Coca Nasa; el investigador Ricardo Vargas; Camilo Gonzáles Posso de Indepaz; Sergio Chaparro de DeJusticia y Pedro Arenas de OcdiGlobal.
Teniendo en cuenta unos puntos básicos como son el cuestionamiento del fundamentalismo prohibicionista del que hacen gala algunos países en los que la pena de muerte por delitos de narcotráfico es una realidad; la obligación de hacer lecturas menos unilaterales de las convenciones internacionales sobre drogas; continuar con la ampliación del diálogo que apunte a una nueva política que supere la política de guerra contra las drogas; y la necesidad de unos enfoques civiles de salud y seguridad humana, protección a consumidores y acceso a dormidera, coca y marihuana; se discutió sobre los mínimos necesarios para la conformación de una coalición que proponga alternativas a la guerra contra las drogas que ha venido dándose en el mundo desde la década de los sesenta del siglo pasado.
Para ello es necesario alcanzar reformas a las políticas actuales, algo que el Gobierno Nacional ha venido impulsando al interior del país pero que no se apareja con lo mostrado en el exterior. Además, es necesario reconocer el liderazgo del mismo en diferentes escenarios multilaterales sobre drogas. También cabe destacar el papel activo del Ministerio de Justicia y del Derecho en los diálogos informales y formales sobre este tema.
También se logró reconocer que urge una discusión profunda sobre este tema de cara a la eventual firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, buscando nexos entre el punto 1 de la agenda (desarrollo rural) y el punto 4 (narcotráfico y drogas ilícitas).
Los cambios deben propender hacia los siguientes objetivos. Primero, la descriminalización y el cese de toda clase de persecución de los pequeños productores y de los usuarios de las sustancias declaradas ilícitas y el reconocimiento de sus derechos. Segundo, al abordaje del fenómeno de las drogas bajo un enfoque de desarrollo humano, de salud pública e integración social, que garanticen la materialización de derechos fundamentales para las comunidades afectadas, así como el acceso a servicios adecuados de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños integrados al sistema de salud para quienes voluntariamente requieran acceder a ellos. Tercero, a la adopción de medidas para reducir el encarcelamiento por estos delitos y a afrontar los determinantes sociales que explican la vinculación de la población a estas actividades. Cuarto, a adelantar estrategias más inteligentes de política criminal, en coherencia con otras políticas, que permitan desmontar el crimen organizado y sus alianzas con otros sectores. Quinto, a mejorar el entendimiento y la implementación del enfoque diferencial para jóvenes, mujeres y poblaciones indígenas, campesinas o afrocolombianas. Y sexto, a eliminar las barreras para el acceso efectivo de las sustancias fiscalizadas con fines médicos y a potenciar los usos industriales y científicos de la coca, la amapola y la marihuana.
Igualmente se propuso que debe existir una preocupación porque los escenarios de esta discusión tengan un enfoque más interno y menos multilateral para encontrar una identidad propia en términos discursivos. Además, se reconoció por parte de Miguel Samper, que existen escenarios latinoamericanos más cómodos para abordar estos temas, tales como la CELAC en detrimento de la OEA.
Además debe haber una especial atención en el uso de moléculas para aspersión sobre cultivos de coca. Ello con el fin de que las fumigaciones no regresen a la realidad nacional debido a los problemas de salud pública y ambiental que acarrean este tipo de actividades.
También se discutió la pertinencia de que se legalice, eventualmente, toda la cadena productiva de las drogas ilícitas con el fin de atacar de manera directa a las economías ilegales que se nutren directamente de la prohibición. Para esto también es necesario prestar especial atención a las dinámicas de lavado de activos, en paraísos fiscales por ejemplo, que hacen que esos dineros se inscriban en las economías legales.
Igualmente, se señaló que es necesario involucrar a la ciudadanía que no está organizada pero que debe tener inquietudes y posiciones sobre el tema de la política de drogas en Colombia. Problemáticas como la denominada Ley Zidres o la implementación de los acuerdos de La Habana son hechos que tienen directa relación con la producción y comercialización de sustancia ilícitas y que jugarán un papel fundamental en una nueva política de drogas en un escenario de posconflicto en el país.
Las conclusiones de esta reunión fueron: la existencia de un acuerdo general en torno a la conformación de dicha coalición; reconocer que esta es un espacio que convoca variedad de actores y que debe involucrar otras audiencias distintas a las de la academia y a las de las organizaciones sociales; que la coalición debe ser lo más amplia posible, sobre todo en lo tocante a los vínculos regionales.
OCDI GLOBAL
El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos es un proyecto asociado al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Son parte activa de este Pedro José Arenas, en calidad de Coordinador; Diana Paola Valenzuela, en calidad de investigadora; Francisco Javier Cuadros, en calidad de investigador; y Salomón Majbub, en calidad de investigador.
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