Brasil: Crisis penitenciaria propicia reforma
Un programa piloto implementado en el noreste de Brasil está reduciendo la cantidad de personas en régimen de prisión preventiva, un factor que contribuye sustancialmente a la superpoblación carcelaria y al reclutamiento de nuevos miembros de pandillas, señaló hoy Human Rights Watch. El programa aplicado en el estado de Maranhão exige que los detenidos sean llevados inmediatamente ante un juez para una “audiencia de prisión preventiva”, en la cual se determina si deben permanecer en prisión preventiva o ser liberados a la espera de juicio.
Si bien estas audiencias inmediatas son exigidas por el derecho internacional, raramente se realizan en Brasil, donde numerosos presos esperan meses antes de ser llevados ante un juez. En casi el 50 por ciento de los casos del programa piloto, implementado por el estado en el que la violencia penitenciaria ha sido más alarmante en los últimos años, los jueces determinaron que la prisión preventiva no se justificaba según la ley y dispusieron la liberación de la persona detenida. En los casos en los cuales los jueces tomaron la decisión sobre el encarcelamiento o no del detenido exclusivamente en función de lo indicado en los informes policiales, éstos ordenaron la liberación en apenas el 10 por ciento de los casos, aun cuando el derecho internacional exige que la presunción legal opere a favor de la liberación.
“Se supone que las cárceles deberían contribuir a prevenir los delitos violentos, pero en Maranhão han facilitado que las pandillas recluten más miembros y que aumente la violencia, tanto dentro de los recintos penitenciarios como en las calles”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil. “El programa piloto está demostrando que cumplir las obligaciones asumidas por Brasil en materia de derechos humanos también puede contribuir a combatir los problemas crónicos del sistema carcelario en todo el país”.
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