Las drogas en el proceso de paz en Colombia
Esta es la ponencia modificada de la Corporación Acción Técnica Social presentada en el panel de salud pública y prevención del consumo en el foro de “Solución al problema de las drogas ilícitas” el pasado 24 septiembre, panel que recolectó insumos para la discusión del punto sobre narcotráfico en la mesa de negociaciones de paz que reinician el 18 de noviembre en La Habana.
Colombia se encuentra en una situación privilegiada para plantear la manera en cómo se iniciará el fin de la guerra contra las drogas. Nunca en la historia se habían sentado en una mesa dos actores protagónicos de la guerra contra las drogas: por un lado el Gobierno Nacional seguidor y aplicador a ultranza del prohibicionismo estadounidense y por otro lado las FARC que están vinculados con gran parte del narcotráfico en Colombia, es decir las dos caras del régimen actual. El que lo produce y el que lo persigue.
Quedarse en la mesa de negociación debatiendo los problemas derivados del prohibicionismo de la guerra contra las drogas, como por ejemplo la fumigación, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo, el consumo, los proyectos productivos, la extradición –todos necesarios y urgentes-, y no resolver el prohibicionismo como política general, no resolver el problema macro, es perder tiempo que podría ser usado en diseñar un escenario de cambio progresivo hacia lo inevitable que es el fin de la guerra contra las drogas, la transición hacia la regulación del consumo y el desmonte –o por lo menos seria y crítica evaluación- de los aparatos trasnacionales que sostienen infructuosamente la fiscalización.
La negociación no se puede reducir a que las FARC- entreguen las rutas, los comandantes rebeldes narcotraficantes, algunos millones de dólares a cambio de la no extradición modelos tímidos de regulación medicinal o cultural y en lograr la financiación para la sustitución de los cultivos ilícitos. Se debe llegar al fin de la guerra contra las drogas, de sus incentivos y lógicas perversas, y trabajar en pro de la regulación de las principales sustancias psicoactivas ilegales. No acabar con la guerra contra las drogas o dejar las bases para la transición a la regulación es demorar lo inevitable y desaprovechar la oportunidad histórica.
Se debe reformar toda la legislación nacional (ley 30 de 1986 Estatuto de Estupefacientes) y promover el ajuste de las normas internacionales (en escenarios tales como la Comisión de Drogas Narcóticas, las reuniones para el tema de drogas en la OEA y pensando específicamente en la reunión UNGASS de la ONU en 2016 en la que se evaluará el marco internacional de fiscalización). Estos ejercicios de reforma deben reconocer que el desmonte de la política de interdicción y fiscalización será algo gradual. De la misma manera se debe hacer un llamado a las agencias de cooperación internacional para ajustar sus enfoques a las demandas y la realidad del país, así como la evaluación de los tratados internacionales que detienen el avance de la reforma.
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