El País, Madrid, 4 de febrero de 2012, Luis Prados

Durante los cinco días empleados en la realización de este reportaje, más de 100 personas perdieron la vida en México en incidentes relacionados con la narcoviolencia. Estimaciones de prensa cifran en 960 los muertos el pasado enero, uno de los meses más violentos en los últimos tiempos. El dato agranda la tragedia que vive este país, donde la crónica roja sobre asesinatos, decapitaciones, balaceras, sicarios, fosas, secuestros y víctimas desamparadas llena las páginas de los diarios del mundo desde hace años. Una espiral de violencia sin precedentes que parece alimentarse a sí misma hasta alcanzar proporciones de epidemia.

Sin embargo, los últimos datos sobre la crisis de seguridad sugieren que el enfermo, aún muy grave, comienza a dar síntomas de que resiste y de que quizá como dice Alejandro Hope, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad y del think tank México Evalúa, “el país haya alcanzado el punto máximo de contagio”. En 2011 el número de homicidios entre enero y septiembre, según cifras oficiales, alcanzó los 16.603, elevando a 47.515 el total de muertos durante lo que va de sexenio del presidente Felipe Calderón. Una cantidad intolerable en términos absolutos, pero que podría esconder una tendencia en términos relativos: la tasa de asesinatos vinculados al narcotráfico creció el año pasado el 11%, frente a un incremento del 70% para el mismo periodo de 2010 con respecto a 2009, del 63% de 2008 a 2009 y del 110% de 2007 a 2008. Además, ciudades famosas por su violencia como Juárez o Tijuana experimentaron espectaculares caídas.

Hope apunta algunas razones para explicar “el fin del crecimiento explosivo de la violencia”, como son la mayor capacidad del Gobierno —el presupuesto de seguridad casi se ha duplicado y el número de policías federales se multiplicó por seis— y mejor información sobre los grupos criminales gracias a la mayor implicación de las agencias de EEUU; nuevos equilibrios en el mundo mafioso tras el debilitamiento de varios carteles, así como una estabilización de los precios de las drogas por la caída del consumo en el vecino del norte.

Alejandra Sota, portavoz del Gobierno federal, añade otra de carácter más político: “La movilización de la sociedad civil que ha presionado a los gobernadores de los Estados para que busquen mayor cooperación con las autoridades federales”. “Ya no se puede decir que la violencia es una responsabilidad exclusiva del Gobierno federal. Esta no es la guerra de Calderón, es la lucha por la seguridad de los ciudadanos y requiere el esfuerzo de todos”.

2011 deja otra conclusión. El cartel de Sinaloa, predominante en el oeste del país, y los Zetas, en el este, quedan como únicas organizaciones con capacidad para exportar droga al norte, con infraestructura a nivel nacional y conexiones en EEUU y en Sudamérica. La guerra entre ellos por la hegemonía en el negocio genera una orgía de violencia —baste recordar el hallazgo de decenas de cadáveres a plena luz del día en Boca del Río-Veracruz el pasado septiembre o en el centro de Guadalajara en noviembre—, y de su resultado, según Eduardo Guerrero, experto en narcoviolencia, “dependerá en buena parte la evolución de la inseguridad en este semestre”.

Ambas organizaciones son muy diferentes. El cartel de Sinaloa tiene una estructura de clan familiar, se ha dotado de una imagen empresarial y es considerado más sutil en el uso de la violencia —frecuentemente filtrando a las autoridades el paradero de sus rivales— que los Zetas, un grupo de origen militar, disciplinado y brutal en sus acciones, que opera con un sistema de franquicias que permite a las células locales un alto grado de autonomía.

La consultora estadounidense Stratfor anticipa en su último informe que la guerra entre ambas organizaciones aumentará la violencia este año en los Estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán y que “la única manera de que el Gobierno mexicano pueda reducir la violencia a un nivel aceptable es permitir que uno de los carteles llegue a dominar en todo el país o que Sinaloa y los Zetas alcancen una tregua”, lo que juzga improbable.

La estrategia del Gobierno


Eduardo Guerrero afirma que la estrategia actual del Gobierno consiste, por un lado, en concentrarse en los Zetas, a los que ve más dañinos, “lo que tiene el efecto perverso de convertir a los de Sinaloa en cómplices estratégicos de las autoridades”, y por otro en golpear a las mafias locales y a los remanentes de los antiguos carteles, “deteniendo a sus gestores financieros o responsables de armas, pero no a sus capos, para evitar que su caída genere más violencia”.

La nebulosa de organizaciones criminales crecidas a la sombra del narcotráfico, empeñadas en dotarse de una reputación de violencia, es la otra parte de la ecuación de inseguridad en México. Esa red de pequeños grupos mafiosos muy especializados no tiene capacidad para trasegar con drogas, pero sí para crear caos mediante la extorsión y el secuestro.
“Se da el caso”, asegura Guerrero, “de gente que no espera a ser extorsionada sino que sale a buscar protección”. Hope apunta que esas bandas fueron las responsables del pánico en Acapulco el pasado verano, “una amenaza terrible para sus habitantes, pero no para la existencia del Estado mexicano”.

El historiador colombiano Marco Palacios, profesor en El Colegio de México, subraya que “el negocio de las drogas no implica una espiral de violencia necesariamente si está centralizado”, como ilustran los casos de Turquía o Tailandia, por donde circula una enorme cantidad de estupefacientes. En su opinión, el narcotráfico se aprovechó del vacío de poder que se produjo al acabar la pax priísta y debilitarse el poder central con la transición democrática tras el fin de la hegemonía del PRI.

Palacios se pregunta también cómo saldrá el Ejército mexicano de este trance. Actualmente hay 45.000 soldados desplegados en esta lucha, una cuarta parte de su fuerza. “Ahora es más consciente de su poder, tiene más recursos y conoce mucho mejor el país. Contra su tradición, corre el riesgo de sudamericanizarse”, advierte.

México camina hacia las elecciones presidenciales de julio y no hay experto que descarte en este tiempo demostraciones de fuerza del crimen organizado, o que señale que la estabilización de la violencia no significa caída. Pero al menos al enfermo no le ha subido más la fiebre y el virus comienza a estar controlado.

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