ILANUD discute los acciones que el Sistema de Naciones Unidas y otros entes supranacionales han recomendado para reducir la población privada de libertad durante la propagación del covid-19.
Dainius Pūras, experto de la ONU, exhorta a los Estados a adaptarse a las necesidades y riesgos específicos de las personas que consumen drogas en el actual contexto del COVID-19.
Considerando los riesgos tanto del COVID-19 como de las sobredosis, la coalición exhorta a agencias federales a expandir la provisión, acceso y prescripción de metadona.
Políticas punitivas referidas a drogas alimentan una crisis que las prisiones no están preparadas para soportar, particularmente dentro de la epidemia de COVID-19.
El aislamiento, restricciones para acceso a tratamiento, un panorama de deterioro económico y la escasez de vivienda ponen en peligro la respuesta para la reducción de daños.
Proveedores de servicios y redes comunitarias trabajan de la mano para responder a las necesidades de las personas usuarias de drogas en situación de calle.
Bolivia debe implementar con urgencia planes sociales y de salud, no sólo para sustituir las redes familiares y sociales que proveían a la población reclusa de su sustento diario, sino también para atender la problemática de salud mental de la población drogodependiente que requiere tratamiento.
En este momento de emergencia sanitaria, la acción represiva de Bolivia es enfocado en el microtráfico, aunque actualmente, no ha habido un aumento en el precio de sustancias.
Pettus et al. invoca a los estados a abordar la escasez y el desabastecimiento de medicinas esenciales sometidas a control internacional, que han empeorado durante la pandemia del COVID-19.
UNODC ofrece evidencias de que la pandemia del COVID-19 y las restricciones del confinamiento están perturbando los mercados de drogas en diversos grados, desde la escasez de drogas hasta cambios en el modo de transporte.
