Los Estados de la OEA, reunidos en Antigua, Guatemala, aprueban la Declaración de Antigua-Guatemala que alienta el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas en las Américas.
Evidencias revelan que si bien la guerra a las drogas puede mostrar resultados en términos de detenciones y decomisos, los impactos reales son marginales, localizados y temporales.
Uno de los costos con frecuencia olvidadas de la guerra contra las drogas es su impacto negativo sobre el medio ambiente - como resultado principalmente de la fumigación aérea de los cultivos.
Este informe ofrece una panorámica de varias expe-riencias de programas de reducción de daños basa-dos en la participación voluntaria y los derechos humanos desarrollados en China, India, Indonesia, Kenya y Malasia.
Tal como se perfila en el preámbulo de la Convención Única, describe las drogas como un “mal” que debemos “combatir”. Sin embargo, la aplicación de la ley se concentra en algunas de las poblaciones más vulnerables y marginalizadas – quienes provienen de las comunidades socialmente desfavorecidas, los jóvenes, personas con problemas de salud mental, personas dependientes de las drogas, y quienes se inyectan drogas. La guerra contra las drogas castiga a quienes experimentan las mayores necesidades –los pacientes y los clientes. Puede describírsele más adecuadamente como una guerra contra los consumidores de drogas; una guerra contra las personas.
Esta criminalización de las personas que consumen drogas conlleva una creciente estigmatización y marginalización, limitando la efectividad potencial de las intervenciones de salud, particularmente para los consumidores problemáticos.
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Prohibir una mercancía para la cual existe alta demanda inevitablemente crea oportunidades de lucro para especuladores criminales, impulsando la producción, oferta y consumo hacia una economía ilícita paralela.
