Informe recomienda al gobierno mexicano desarrollar una política de drogas integral, basada en los derechos humanos.

25 de julio de 2013, Londres, UK- El supuesto tradicional de vincular las políticas de drogas con las estrategias de seguridad persiste en México y el gobierno actual todavía ha de registrar cambios para lograr políticas integrales en la materia. Así lo afirma el informe “México: políticas de drogas y seguridad en el primer semestre del gobierno de Enrique Peña Nieto”, publicado hoy por el Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC) y realizado por la investigadora Corina Giamomello, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, México.

En este informe analiza los cambios del discurso y estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública y drogas, así como las iniciativas de reforma de política, programas de tratamiento o la relación con Estados Unidos y los compromisos asumidos por el país como integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A pesar de que el gobierno de Peña Nieto ha cambiado de discurso con respecto a las políticas de drogas y ha emprendido una serie de reformas institucionales, en el primer semestre de su mandato no se han registrado cambios relevantes en la estrategia de seguridad. Por un lado, se siguen empleando de la misma manera las fuerzas armadas en las tareas de seguridad y la tendencia sobre las tasas de violencia continúa siendo debatida. Por otro, en materia de política penitenciaria, existe una sobrepoblación de alrededor del 23%, con personas acusadas de delitos no violentos internadas en centros de alta seguridad.

En materia de drogas, parece preciso un mayor conocimiento de políticas regulatorias, así como mayor voluntad de sumarse al debate sobre drogas iniciado por algunos otros países de la región. Por ejemplo, y con respecto al debate sobre las propuestas existentes para legalizar la planta del cannabis en la Ciudad de México, el informe del IDPC se hace eco de encuestas realizadas Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), que muestran que el 92% de las personas que usan drogas ilícitas consume marihuana y que al descriminalizar el consumo y regular la producción y venta de cannabis, se mitigaría el mercado ilegal y los costos de procuración de justicia ligados a él.

El informe también advierte de los riesgos que pueden conllevar los tribunales de drogas, que en la práctica han conducido en ocasiones a la criminalización de las y los consumidores, y propone que los usos dependientes de drogas puedan abordarse como un derecho de salud pública fortaleciendo los centros públicos de atención primaria o los centros para la reducción de daños.

En este contexto, y para mejorar el abordaje integral de las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, el informe recomienda la creación de un Observatorio de Drogas co-dirigido por la sociedad civil y de una Comisión Especial para promover reformas en políticas de drogas, así como implementar los compromisos derivados de la Declaración de Antigua, Guatemalay sumarse al debate fomentado por sus homólogos en América Latina, asumiendo un liderazgo en la preparación de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) que fuera propuesta por el anterior mandato.

“Sería recomendable que México emprendiera un proceso de cambio en sus políticas de drogas. Una revisión integral de la estrategia y de los enfoques tradicionales podría desembocar en una reforma al marco legal que lleve a una plena descriminalización, al estilo de Portugal. Un mayor acercamiento hacia los países latinoamericanos interesados en hablar de un cambio de estrategia en el manejo del problema de las drogas (Guatemala, Colombia y Uruguay) podría favorecer el desarrollo de alianzas integrales y de nuevos caminos más alienados a las necesidades de la región", subraya Corina Giamomello.

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por más de 100 ONG que trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya políticas humanas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas. Puede ver una lista de los miembros aquí.

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