Las políticas de drogas se han centrado tradicionalmente en los principios de disuasión, a través de duras leyes prohibiendo la producción, la distribución y el uso de drogas e imponiendo severos castigos en aquellos involucrados en el tráfico de drogas. Se creía que las amenazas de tales castigos reducirían, y eventualmente eliminarían el mercado global de drogas. 

Ahora se ha reconocido que este enfoque ha fracasado a la hora de reducir la escala del mercado de drogas y también ha conllevado severas consecuencias negativas. Estas incluyen, entre otros daños, la imposición de penas altamente desproporcionadas sobre pequeños infractores (incluyendo la pena de muerte), la sobrepoblación carcelaria, la detención forzada para las personas que usan drogas en el nombre del tratamiento, etc.

A raíz de estas conclusiones, un buen número de países han revisado sus leyes sobre drogas para intentar reducir los daños y asegurar una mayor proporcionalidad en las sentencias de las leyes sobre drogas. Estas han incluido:

  • Reducción de las sentencias y revisión de los principios guía para asegurar una mejor proporcionalidad de las sentencias con respecto al grado y motivación de las personas en su implicación en el mercado de drogas, así como en comparación con otros delitos (como la violación o el asesinato)
  • La promulgación de amnistías en países donde un gran número de personas estaba encarcelado por delitos de drogas
  • La descriminalización del uso y de la posesión de drogas para consumo personal con el objetivo de asegurar que las personas que usan drogas puedan acceder a los servicios sociales y de salud y que necesitan sin temor a ser detenidos
  • La regulación legal del cannabis, en un intento de acabar con los mercados criminales en aras de formas legales y mejoradas de control.