Para intentar reducir la escala de los mercados ilícitos de drogas, los gobiernos han confiado en la detención de los infractores de drogas, esperando que los castigos redujeran la demanda y el mercado global de drogas. Como resultado, un número creciente de personas han sido arrestadas y encarceladas debido a leyes de drogas desproporcionadas, el uso de sentencias mínimas obligatorias y los mecanismos de detención “preventiva”. Esta estrategia no ha logrado reducir el número de personas implicadas en la producción, tráfico y uso de drogas y está asociada con severos costes sociales, de salud y financieros.

Persona arrestada por poseer una jeringuilla en Ucrania

Los impactos de la política de drogas en todo el espectro del sistema de justicia penal – incluyendo los legisladores, los sistemas de justicia y de aplicación de la ley, las instalaciones penitenciarias, y los mecanismos de libertad condicional y vigilada. Algunos gobiernos han desarrollado estrategias alternativas al encarcelamiento, que se han mostrado útiles para reducir el número de infractores de drogas en prisión. Se han diseñado mecanismos de remisión en el momento de la detención, enjuiciamiento y sentencia alrededor del mundo para reducir la sobrecarga del sistema de justicia penal con delitos menores y no violentos de drogas, y asegurar que las cortes se pueden enfocar en los delincuentes peligrosos y de alto nivel (para más información, por favor lea el capítulo 2 de la Guía sobre políticas de drogas del IDPC).

A pesar de estos intentos de reducir la sobrepoblación carcelaria, varios infractores de drogas – incluso muchas personas que usan drogas – todavía acaban en prisión. . Durante su estancia en prisión, las personas pueden hacer frente a elevados riesgos de contraer VIH, hepatitis C y otros daños. Es por tanto crucial que en estos entornos, las personas tengan un acceso adecuado a servicios de salud (por ejemplo servicios de reducción de daños y de tratamiento de dependencia de drogas basado en la evidencia) –tal y como lo recomiendan las Naciones Unidas. Todavía, solo diez países alrededor del mundo implementan programas de intercambio de agujas y jeringuillas, y solo 41 países tienen programas carcelarios de terapias basadas en sustitución con opiáceos.