Las agencias de aplicación de la ley –como la policía– son una parte fundamental del sistema de justicia penal. Durante décadas, sus esfuerzos para aplicar las leyes sobre drogas han buscado reducir el tamaño del mercado de drogas ilícito a través de la erradicación de la producción, la distribución y la venta. Estas estrategias han llevado a la destrucción de los cultivos destinados al mercado ilícito a través de campañas de erradicación aérea o manual, la confiscación de drogas en las fronteras, la alteración de las actividades de tráfico y venta de drogas, y la amenaza de arresto y castigo de las personas que usan drogas.

Destrucción de cultivos de cannabis en México

Estas estrategias de “guerra contra las drogas” han sido incapaces de reducir significativamente la escala de los mercados de drogas o la prevalencia de uso de drogas. Estas estrategias también han tenido efectos devastadores, e incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, un aumento de la violencia, de la corrupción y de los crímenes financieros, la exacerbación de la pobreza en las áreas de producción, la destrucción del medio ambiente y la explosión de daños de salud relacionados con drogas.

Como resultado, varias autoridades están abandonando la represión en aras de una mayor gestión de los mercados de drogas de manera que se reduzcan los impactos dañinos en las comunidades. Tales cambios reconocen que los poderes de la aplicación de la ley pueden utilizarse benéficamente para moldear los mercados de drogas. Este nuevo enfoque implica:

  • Abandonar los objetivos y los indicadores basados en el número de arrestos, incautaciones y hectáreas de cultivos erradicados e implementar indicadores basados en la salud comunitaria y en el bienestar: la reducción de la violencia relacionada con los mercados y la corrupción, la mejora en el acceso al desarrollo económico y de salud y el fortalecimiento de las instituciones comunitarias
  • Enfocarse en acciones de inteligencia y en el análisis de naturaleza del mercado de drogas y los daños relacionados, concentrar las actividades de aplicación de la ley en los aspectos más dañinos del mercado (es decir, aplicar un enfoque de “reducción de daños” en la aplicación de la ley). Esto significa que es necesario tolerar formas menos dañinas de los mercados. En algunos casos, esto implica la disuasión dirigida para moldear el comportamiento de traficantes y vendedores
  • Priorizar acciones contra individuos y grupos peligrosos y de alto nivel en vez de contra los grupos “fáciles de atrapar” (por ejemplo, las personas que usan drogas o los vendedores de bajo nivel).

Entrenamiento de oficiales de policía y personal militar en reducción de daños en Bolivia

El IDPC es parte de un proyecto de larga duración llamado “Modernizar la aplicación de las leyes sobre drogas”, el cual busca desarrollar material teórico y ejemplos sobre nuevos enfoques de aplicación de la ley, así como promover debates entre líderes de aplicación de la ley sobre las implicaciones de las estrategias futuras.