Todas las actividades se deberían desplegar en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos

Los abusos de los derechos humanos siguen multiplicándose bajo los auspicios de la política de drogas. Aparece evidente que gobiernos y autoridades encargadas de la aplicación de la ley, en su entusiasmo por elaborar y aplicar políticas de drogas, han  prestado poca atención a los derechos y las libertades fundamentales, a pesar de sus obligaciones según los tratados de la ONU para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.

El IDPC promueve un cambio de paradigma que reconozca las normas sobre derechos humanos como elemento clave del marco jurídico de la política sobre drogas. Este nuevo marco jurídico debería centrarse en:

  • La salud pública, con miras a mejorar el acceso a medicamentos esenciales y desarrollar programas de reducción de daños, prevención, tratamiento y atención.
  • El desarrollo, con miras a poner el acento no sólo sobre el desarrollo alternativo, sino también sobre la reducción de la pobreza y la mejora de la educación, el empleo, la seguridad social, etcétera. 
  • La seguridad humana, con miras a poner el acento de las iniciativas de aplicación de la ley sobre aquellos más responsables de los problemas relacionados con las drogas y no sobre pequeños traficantes que no constituyen un peligro, consumidores de drogas y comunidades campesinas vulnerables.