Me dirijo a ustedes en nombre del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, y en representación de Intercambios Asociación Civil, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), La Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) y del Consorcio Internacional de Política de Drogas, una red global de mas de 180 organizaciones, que trabajamos promoviendo políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la seguridad humana, la inclusión social, el desarrollo y la salud pública.

Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes.

En estos espacios hemisféricos y multilaterales se consolida de manera decidida la participación de la sociedad civil. En el caso de la CICAD, esto se viene haciendo desde 2013, pero en esta ocasión es la tercera vez que se formaliza la participación dentro del programa oficial, situación que celebramos, y alentamos para que los Estados Miembros sigan promoviendo en futuras reuniones.

Como presentamos ayer en el panel “Intervenciones locales desde la sociedad civil con personas que usan drogas: desafíos y lecciones aprendidas”, la sociedad civil es un elemento clave para la respuesta a realidades locales. Este no es solo el caso para la situación de personas que usan drogas (PQUD), sino para todas las facetas de los problemas asociados a la política de drogas. La construcción de sociedades democráticas, más justas, equitativas, respetuosas de la diversidad y de los derechos, son apuestas que los Estados miembros y la sociedad civil compartimos por igual.

La política global y hemisférica de drogas, objeto de las deliberaciones de los últimos tres días, está en un momento de inflexión. Muchos de ustedes participaron tambien en las deliberaciones del Segmento Ministerial de Alto Nivel en Viena, y de la adopción de la Declaración Ministerial, en la que se reconocen los avances de la UNGASS 2016, así como se mantiene la narrativa sobre las metas del plan de acción de 2009.  Lo cierto es que el documento de resultados de la UNGASS 2016 continúa siendo el consenso más reciente, y que aborda de manera integral las interconexiones entre la agenda de desarrollo 2030 y la política de drogas.

Pero asegurar que el trabajo que hacemos como sociedad para garantizar pleno goce de derechos a las PQUD requiere un compromiso global para financiar medidas efectivas y basadas en la evidencia. La semana pasada, con ocasión de la 26ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños celebrada en Portugal, 334 ONG firmamos una carta, instando a la comunidad internacional a que enfrente la crisis global de salud y derechos humanos entre esta comunidad. Los efectos nefastos de la ausencia de respuesta de reducción de daños hacia esta población son innegables: según ONUSIDA, pese a que la incidencia del VIH a escala mundial disminuyó un 25 % entre 2010 y 2017, está aumentando entre las personas que se inyectan drogas.

En 2011, la comunidad internacional se comprometió a reducir la incidencia del VIH entre esta población en un 50 % para 2015. Este objetivo se incumplió de forma evidente, por un asombroso porcentaje del 80 %; el número de personas que se inyectan drogas que contrajo VIH durante ese período aumentó un tercio.

Transformar esta situación, revertir estas tendencias, y cumplir las metas del ODS 3, requieren un liderazgo político robusto desde organismos hemisféricos como la CICAD, así como de los Estados miembros, para tomar las medidas necesarias, que incluyen la descriminalización del uso personal de drogas, la prestación, ampliación y financiación de servicios de reducción de daños, la financiación a organizaciones comunitarias, que son las que dan respuesta a las realidades locales, y el fin de la discriminación y estigmatización hacia PQUD. Es necesario precisar que a pesar del estatus de des-criminalización en algunos países de la región, persiste la criminalización por vía administrativa, con multas, y requisas, que exponen a estas personas a la discrecionalidad policial y sus posibles abusos.

De otra parte, no podemos olvidar que en nombre de la meta de “un mundo libre de abuso de drogas”, se continúa perpetuando y justificando violaciones a los derechos humanos, pues buscando como fin último la erradicación de las drogas, se atenta contra la vida, el sustento, y la integridad de las personas involucradas en estas economías y dinámicas. Ejemplo de ello es la persistencia de los tratamientos obligatorios y forzados, la erradicación forzada de cultivos ilícitos y las consecuencias para el mínimo vital de miles de campesinos y campesinas, y el encarcelamiento masivo de personas de bajos ingresos, con los impactos en su proyecto vital, y a sus familias.

Las Américas, y la CICAD en particular, han formulado propuestas y recomendaciones que apuntan a generar políticas públicas más efectivas, como es el informe de Escenarios y el informe de Alternativas al Encarcelamiento. Creemos que la primera opción como alternativa al encarcelamiento es la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, tal como lo recomienda la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas —aprobada en las más altas esferas de la toma de decisiones de la ONU, en noviembre de 2018, esto es: Junta de los Directores Ejecutivos de todos las Agencias de Naciones Unidas para la Coordinación, o CEB, por sus siglas en inglés. De nuevo, el liderazgo político hemisférico y nacional es clave para sostener la implementación de estas medidas, y asegurar que los recursos que hoy se destinan a enfoques represivos, se puedan orientar a la salud pública y el desarrollo sostenible.

Reiteramos la disposición de las organizaciones que represento para seguir siendo interlocutores críticos, pero también constructivos en pro de estos objetivos comunes.