Los enredos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Por Juan David Olmos

Nada que empiezan los proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, a pesar de que en muchas regiones están por cumplirse dos años del programa definido en el Acuerdo de Paz. Hay un riesgo alto de que el país esté dejando pasar esta oportunidad de llevar legalidad y desarrollo al campo.

A principios de noviembre, 53 exrecolectores de coca se reunieron con Alfonso Gasca, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Bosque, en San José del Fragua, Caquetá, para hablar sobre el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“Estamos aguantando hambre, no tenemos quién nos dé trabajo”, le dijeron. Se acogieron al proceso de sustitución voluntaria y se supone que debían recibir un pago mensual de un millón de pesos durante un año por realizar labores comunitarias. Pero, hasta ahora, la plata del programa para contratarlos no ha entrado. Llevan seis meses sin conseguir trabajo y ahora están pensando en “hacer lo que una vez hicieron los cultivadores: descumbrar y sembrar coca”.

Buscaron a Gasca porque es uno de los líderes campesinos que han estado pendientes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio, pero el mensaje es para el gobierno: el PNIS, uno de los puntos principales de la Reforma Rural Integral que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana, no anda en muchas regiones y, en otras, lo hace muy lento.

De acuerdo con lo acordado entre el gobierno y la población cocalera, a los cultivadores que erradicaran voluntariamente sus cultivos ilícitos se les entregaría un Plan de Atención Inmediato con ciertas ayudas en su tránsito hacia la legalidad. Consiste en un pago bimensual de dos millones de pesos durante el primer año, un desembolso de 1.800.000 para una huerta casera de seguridad alimentaria, otro de nueve millones para un proyecto productivo de corto plazo de autosostenimiento y, finalmente, uno de diez millones para un proyecto de largo plazo del que, se supone, vivirán el resto de su vida. Además, a los recolectores se les daría un millón de pesos mensuales durante el primer año por ayudar en trabajos comunitarios.

Pero según el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCDI), solo 14 por ciento de los raspachines está recibiendo una mensualidad y aún no se ha empezado a desarrollar ningún proyecto productivo. Además, de los 87.431 beneficiarios verificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo 33 por ciento tiene asistencia técnica. “Hay unos retrasos considerables. Las familias arrancaron la coca en los primeros dos meses y, en muchos casos, solo han recibido el pago de ese tiempo. Ninguna tiene claro en este momento una alternativa económica en reemplazo de la que tenían”, cuenta Pedro Arenas, director del Observatorio.