Aprovechando la coyuntura electoral, Dejusticia, Fescol, TNI, Elementa, ATS, OCDDI, Corporación Humanas, Gpaz/Sisma Mujer, Temblores Ong y CPAT1 nos hemos reunido con el propósito de plantear algunas recomendaciones en materia de política de drogas, dirigidas al nuevo gobierno, al nuevo Congreso y a la sociedad civil interesada.

Esto teniendo en cuenta los avances recientes que ha tenido la discusión global y regional sobre el tema, las transformaciones en política pública que se están dando en los países, los compromisos asumidos por Colombia en el marco de la UNGASS 2016, y la trayectoria de la posición nacional en los debates internacionales.

Históricamente Colombia ha implementado estrategias con énfasis en la reducción de la oferta, priorizando el uso de la fuerza sobre los cultivos de uso ilícito y criminalizando productores y usuarios, sin que haya resultados contundentes que afecten la disponibilidad de los psicoactivos declarados ilícitos. El traslape de agendas de seguridad con políticas de drogas di culta la toma de decisiones que puedan revertir las causas estructurales de estos problemas, lo cual favorece el desarrollo de estos mercados ilegales. Los recursos disponibles no se dirigen a fomentar el desarrollo de los territorios marginados o a superar la informalidad en las zonas urbanas. Tampoco a implementar estrategias de prevención basadas en investigación o al desarrollo estrategias de reducción de daños y riesgos ocasionados por prácticas que ahondan los problemas por uso de psicoactivos. Sin embargo, como indica el PNUD, “un sustancial conjunto de evidencia demuestra que las políticas de control de drogas ancladas en planes de desarrollo social y económico tienen mayor probabilidad de producir resultados positivos”.