Greenlife amenaza con querella por destrucción de plantas de marihuana para uso medicinal

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Greenlife amenaza con querella por destrucción de plantas de marihuana para uso medicinal

4 julio 2017

Fueron allanados por la policía incluso cuando el máximo tribunal había estimado que no había amenaza a la libertad y seguridad individual de ninguno de los miembros de la asociación.

El pasado 30 de junio, el club cannabico Grennlife interpuso un segundo Recurso de Amparo en favor de sus asociados en la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego que el 29 de mayo la policía incautara las plantas destinadas al uso medicinal de los asociados y detuviera al presidente de la agrupación, Enrique Cáceres.

El 5 de abril, la corporación ya había ingresado un primer recurso, transparentando la actividad que realiza y argumentando el marco legal que la protege, con la intención de evitar un posible allanamiento. La Corte Suprema rechazó la causa por considerar que no existía tal amenaza y casi 2 meses después, la policía llegó al cultivo de la Asociación por una denuncia anónima y mal intencionada.

Carabineros ingresó al terreno tras conseguir una orden telefónica e incautó 401 plantas destinadas al uso medicinal de sus afiliados, desestimando toda la documentación médica que abala dicho uso.

El Presidente de la Asociación, Enrique Cáceres, quien quedó con medidas cautelares de baja intensidad, señaló que “estamos enfocados en lograr que la Corte se pronuncie tajantemente sobre la legalidad de nuestras actividades y que ejecute las sanciones pertinentes por la grave vulneración a los derechos humanos que se ha cometido, al entorpecer el tratamiento médico de muchas personas”.

El abogado que presentó el trámite legal y quien además forma parte de la asociación, Ignacio Espinoza, solicitó oficiar al Servicio Metropolitano de Salud Sur para que informe sobre el real estado de las plantas decomisadas y confirme que han sido eliminadas.

“La destrucción de las plantas, antes de que se conozca el fondo del asunto, pasa a llevar la garantía constitucional más importante, que es el derecho a la protección de la salud y como consecuencia, el derecho a la vida, puesto que el cultivo estaba destinado al tratamiento médico de diversas patologías y enfermedades que padecen los asociados, quienes además cuentan todos con la prescripción médica para usarla y cultivarla legalmente”, explicó el profesional.

Las acciones legales de Greenlife responderán a una estrategia flexible que se irá aplicando dependiendo de lo que digan los tribunales y la contraparte. Se piensa en una querella a quienes resulten responsables por la destrucción de las plantas y un Recurso de Protección a favor de los asociados, ya que la idea es hacer lo posible para evitar que se vuelva a repetir el actuar de las policías y en definitiva, lograr que la autoridad judicial no sólo vea la licitud de estas organizaciones, sino que además, comprenda que pueden ser un gran aporte a la salud pública.

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