Si bien la legislación presenta importantes limitaciones, representa un importante giro en la difícil relación del país con las sustancias fiscalizadas.
En un momento en el que la cifra de muertes provocada por la guerra contra las drogas de Duterte en Filipinas supera las 7000, las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar para proteger los derechos de las personas que usan drogas en Tailandia, Camboya e Indonesia.
Las revistas especializadas y los profesionales de la medicina tienen la responsabilidad de facilitar una comunicación clara y que beneficie a los pacientes.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las drogas que entran en los Estados Unidos lo hacen por carretera, parece poco probable que el muro de Trump afecte a los traficantes.
Ante la situación que se vive en Canadá, donde se siguen produciendo sobredosis accidentales por fentanilo, parece importante que los usuarios puedan analizar el contenido de las drogas.
Health Canada, el Organismo de Salud Pública de Canadá, ha dado pasos para relajar las normas relativas a la importación de heroína de tipo farmacéutico, como una medida de reducción de daños encaminada a luchar contra la crisis de opioides que vive el país.
La tasa de prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas en el África subsahariana alcanza, de promedio, el 30 %, una cifra que difícilmente disminuirá si no se ofrecen programas de reducción de daños.
El soporte al desarrollo de las comunidades locales y a los derechos humanos debe llevar prioridad por sobre los esfuerzos de control de la hoja de coca.
La nueva ley garantizará la inmunidad ante las acusaciones por simple posesión de drogas a quienes llamen a los servicios de emergencias en casos de sobredosis.
El presupuesto de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos, el principal organismo encargado de luchar contra la crisis de los opioides, sufrirá un recorte del 95 %.