La Conferencia permitió el intercambio de información y el fortalecimiento de redes de cooperación entre activistas, funcionarios y representantes de organizaciones internacionales.
Dejar atrás los debates sobre la oferta y demanda de las drogas, trabajar en políticas públicas para el acceso a la salud y a la justicia, reducir el daño que ha generado el consumo y tráfico de sustancias sicoactivas, y evitar la proliferación de estrategias represivas que antes de pensar en la persona son violatorias a los derechos humanos, son algunas de las discusiones que se han dado en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas en Santo Domingo (República Dominicana).
Un estudio reveló que más de la mitad de los arrestos se deben a la tenencia de pequeñas cantidades, y que 90% de estos casos no llegan a las cortes. Las llamadas a cambiar el foco lejos de la posesión hacia el crimen organizado y el tráfico se acrecientan.
Situada en el hospital Lariboisière, la sala permitirá que los usuarios consuman en condiciones sanitarias correctas y bajo la supervisión de personas cualificadas.
En la provincia del Cauca, Colombia, más de 80% de los agricultores dependen de la coca. Si bien las políticas de reducción de la oferta y erradicación pretenden estar dirigidas a los traficantes, usualmente son los más pobres los que sufren y, sin mayor inversiones en desarrollo, esto continuará siendo el caso.
El Grupo de Trabajo sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas informa sobre los efectos desproporcionados de la guerra contra las drogas entre las mujeres.
El objetivo de esta encuesta es entender mejor cómo se están aplicando las normas de calidad en los programas de prevención, los servicios de tratamiento y reducción de riesgos y daños, y los servicios de integración social y rehabilitación en la UE.
En un momento en que el Caribe toma conciencia de que la guerra contra las drogas no ha conseguido los resultados deseados, la región da un cambio de rumbo en sus políticas.
El 50% de las personas detenidas en el corredor de la muerte están condenadas por delitos relacionados con las drogas, pese a que no existen pruebas sobre la eficacia de esta pena.