By EMILIO RUCHANSKY

En la provincia de Buenos Aires, donde una norma conocida como desfederalización permite a policías y fiscalías locales accionar en causas menores desde 2005, la mitad de la población carcelaria femenina purga o espera condenas por menudeo. “Mujeres madres, en su mayoría solteras, que se encuentran a cargo de la jefatura de sus hogares”. Así las describía un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“Las organizaciones criminales negocian a las mujeres y las entregan para que la policía haga estadísticas”, afirmó Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, durante la presentación de una Guía de reforma de políticas de drogas, impulsada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La detención de estas mujeres no tiene impacto para las organizaciones criminales. Las reemplazan rápido. “Están lejos del estereotipo de la reina del Pacífico”, comentó Coletta Youngers, la especialista norteamericana que coordinó la Guía. “En muchos países sus hijos quedan sin hogar, viviendo en la calle o en instituciones públicas y ellas son estigmatizadas por traicionar su rol de género”, agregó. La situación Argentina es similar en Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. Solo el gobierno de Ecuador concedió una amnistía y liberó en 2008 a casi 1500 “mulitas”, la mayoría eran mujeres.

La tasa de encarcelamiento por estos delitos menores y no violentos crece más rápido entre las mujeres que entre los hombres en Argentina. El perfil en ambos sexos suele coincidir: pobres y primarios (sin antecedentes). La ley de drogas no tiene contemplaciones. El mínimo es de cuatro años. A partir de los tres, las condenas de prisión son siempre efectivas. Algunos tribunales optan por “perforar el mínimo”; los menos, por declararlo inconstitucional al considerarlo “excesivo, desproporcionado e irrazonable”, como resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca el año pasado.

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Thumbnail: Flickr CC flip holsinger