En Uruguay, los clubes de marihuana presentan recurso contra decisión del gobierno que les impide trabajar juntos para reducir costos

Por Eloísa Capurro

Cuando en diciembre de 2013 el Parlamento aprobó la ley 19.172 que regula el mercado de marihuana, las organizaciones civiles llenaron la avenida Libertador de pancartas verdes. Era una norma en la que usuarios y cultivadores de la planta habían trabajado durante meses. Creían en ella. Fueron esas asociaciones las que salieron al interior a informar sobre las posibilidades (excluyentes entre sí) que ahora surgían para acceder a la droga: compra en las farmacias, cultivo en el hogar o la pertenencia a un club. Muchas optaron por la última vía e iniciaron los trámites para registrarse. Entonces comenzaron los problemas.

Preocupados por nuevas exigencias que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) impuso a los clubes de membresía, a mediados de 2015 tres organizaciones civiles presentaron ante el organismo un “proyecto de cooperación” por el cual pretendían firmar tres contratos de arrendamiento para el uso de un terreno en Camino Melilla, donde nuclearían su producción y compartirían los gastos de seguridad. Como cada club tiene el máximo de usuarios permitido por la ley (45) estimaban que la cosecha ascendería a una tonelada anual de marihuana, similar a lo que producirán las dos empresas seleccionadas para plantar con el fin de la venta en farmacias.

La idea fue rechazada por el Ircca y el 29 de diciembre las organizaciones presentaron un recurso de revocación. A partir de ese momento el Ircca tiene 30 días hábiles (que se cumplen a mediados de febrero) para resolver sobre el asunto. En caso de que se rechace la petición o no se conteste, las organizaciones recurrirían a la justicia civil, ya que el Ircca es una persona pública no estatal.

Leer el artículo completo.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.

Thumbnail: Flickr Kweez mcG