Por Pedro Arenas, OCDI

El 13 de mayo se realizó el conversatorio internacional sobre #Nofumigación que trató sobre la inconveniencia de continuar con las fumigaciones sobre cultivos ilícitos en el marco de la política antidrogas del Estado colombiano.

El evento que tuvo lugar en el  Centro de Memoria, Paz y Reconciliación contó con la participación de Adam Isacson de WOLA, Astrid Puentes de AIDA– México y Camilo González – Ex Ministro de Salud y Presidente de Indepaz.

El evento fue moderado por Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores declarados ilícitos.

Comentaristas: Organizaciones convocantes y además ANZORC, Cumbre Agraria, ONIC, Somos Cauca, ACIN, MamaCoca, Congreso de los Pueblos, Frente Amplio por la Paz, Movimiento en defensa de la salud pública, académicos, congresistas y periodistas invitados.

CONVOCARON: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Latin America Working Group (LAWG), Observatorio Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, Red por la Justicia Ambiental, Washington Office on Latin America (WOLA), Transtional Institute y el Consorcio Internacional de Políticas de drogas.

La discusión sobre la conveniencia o no de la fumigación contra cultivos ilícitos ha tenido varios momentos en la historia de los últimos 40 años de la historia del país.  Un primer momento fue durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala,cuando se fumigó la Sierra Nevada de Santa Marta a pesar de que el Consejo Nacional de Plaguicidas dijo que no era conveniente hacerlo.

En 1984 hay un nuevo debate sobre el particular, cuando Jaime Arias era el ministro de Salud. Un estudio contratado a expertos internacionales concluyó que no era conveniente usar glifosato u otro agente químico en esas labores ya que no se sabía qué consecuencias podía tener. Equivalía a experimentar con seres humanos. A pesar de ello se utilizó aduciendo razones de seguridad pública.

La discusión se retoma en 1992, cuando Camilo González fungía como ministro de Salud. Él reporta la inconveniencia del glifosato al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes. Es en ese marco que se prueban las fumigaciones con otros agentes químicos. A pesar de las carta enviadas por el entonces ministro de Salud, en el sentido de que no se debe fumigar, se decidió la continuación de estas acciones. Esa política empieza con el expresidente César Gaviria y se afianza durante la debilidad política del proceso 8000 en la administración Samper. 

Las movilizaciones campesinas de 1994 hicieron que la atención estatal se centrara en las exigencias campesinas de detener las fumigaciones. El expresidente Ernesto Samper envió una comisión al departamento del Guaviare para lograr un acuerdo que finalmente tuvo, entre otros, como resultado que los cultivos de menos de tres hectáreas no podrían ser fumigados. El acuerdo, en Bogotá, fue refutado por la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Una situación similar se da en las marcha cocaleras de 1996 y en los recientes paros campesinos en los que el Gobierno Nacional ha suscrito acuerdos con los labriegos que posteriormente no se cumplen.

La discusión sobre la fumigación con glifosato llegó al Congreso de los Estados Unidos al iniciar el Plan Colombia, cuando varias organizaciones ambientales y de derechos humanos ponen de presente los riesgos de estas actividades. Se acepta que estas pueden generar daños serios a los ecosistemas y seres humanos y se establece un fondo con recursos de EEUU, destinado para reparar a quienes resulten afectados .  Adam Isaacson de WOLA, uno de los participantes del conversatorio, señaló que de todas las quejas presentadas en un periodo de 10 años de fumigaciones, desde que se estableció dicho fondo, solo el 1% había sido reparado.

En 2001, la Contraloría General de la República muestra importantes evidencias de la ineficacia de las fumigaciones para luchar contra los cultivos y los daños ocasionados a los ecosistemas frágiles del país.  En 2002 la Defensoría del Pueblo hace un importante pronunciamiento sobre lo contraproducente de las campañas de fumigación y denuncia los daños ocasionados por las aspersiones en muchas comunidades campesinas e indígenas.

En 2005 el Gobierno colombiano con el apoyo de EEUU pide a la CICAD de la OEA que realice un estudio "científico" y la conclusión fue que el glifosato era seguro. A ese estudio el IDEA de la Universidad Nacional le hizo importantes críticas por la falta de rigurosidad en sus análisis. Sin embargo, cuatro años después esa misma entidad emitió un informe, en inglés, que fue poco difundido en el mundo hispanohablante, en el que se admitía la posibilidad de daños sobre anfibios y fauna acuática. 

A fines de esa década, la Corte Constitucional de Colombia aceptó que los campesinos desplazados por cuenta de erradicaciones violentas, que incluyen las fumigaciones, deberían ser considerados víctimas. En ese mismo periodo la Corte ordenó aplicar el principio de consulta previa en los casos de operaciones antidrogas, incluyendo las fumigaciones, a raíz de una tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia.  

Entre 2010 y 2011 la Corte Constitucional y el Consejo de Estado adelantan varios procesos muy a propósito del llamado principio de precaución. Astrid Puentes, otra de las participantes, representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, señaló que ese principio no da espera ni es conciliable. Sin embargo, el Gobierno Nacional, con la alerta emitida por el Ministerio de Salud, basado en el informe de la OMS sobre el riesgo de cancer que conlleva el glifosato, establece un periodo de transición sin que se suspendan las fumigaciones de manera inmediata.

Las fumigaciones sobre cultivos ilícitos generan desplazamiento y victimización de quienes son fumigados como una plaga. No es un acto de salud pública o de control del orden público; es un acto de guerra y de control territorial. Es un drama que se da en Colombia, el único país del mundo que continúa fumigando los cultivos ilícitos. Todo esto a pesar de los estudios que señalan la inconveniencia de seguirlo haciendo, de la vocación de cambio de las comunidades que quedan inscritas en el círculo vicioso que hace de la miseria el principal caldo de cultivo de esta actividad.

Así las cosas, el futuro de la fumigaciones en Colombia aún no es nada claro, toda vez que la Policía Antinarcóticos está probando nuevos agentes químicos en caso de ser retirado el glifosato. Uno de los llamados hechos desde el conversatorio es que el Gobierno Nacional suspenda de manera inmediata la aspersión de glifosato y se considere realmente el fin de las fumigaciones con cualquier tipo de agente químico o biológico, siendo imperativo un nuevo enfoque de la política antidrogas que adelanta el Estado colombiano.

Además, del conversatorio, Camilo González, Héctor Herrera, Yamile Salinas y Pedro Arenas radicaron en el despacho de Javier Flores director de política de drogas, viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y secretario técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, 20 mil firmas que piden el cese de las fumigaciones. Todo esto se llevó a cabo un día antes de que esta última entidad se reúna el jueves 14 de mayo para tomar una decisión sobre el particular.

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