La “guerra contra el hachís” del Líbano es la guerra contra los pobres
El cultivo de hachís es habitual en aquellas zonas, como la región de Bekaa, que combinan una altitud elevada y una abundante exposición solar. Este rasgo característico del Líbano, que podría revitalizar sus zonas rurales, se ha visto debilitado por las políticas agrícolas impuestas desde el exterior. Los riesgos sanitarios asociados al consumo del cannabis son mínimos comparados con los producidos por el consumo de tabaco y alcohol y con los resultados de la guerra contra el cultivo de cannabis, que solo afecta a los segmentos más pobres de la sociedad.
Hace algunos años, diversas organizaciones libanesas, entre las que se encontraban algunos movimientos de izquierdas, lanzaron una campaña mediática para advertir de los peligros del cannabis y del aumento del consumo en los jóvenes. Aunque sus intenciones eran nobles, la campaña difundía diversos errores. El primero estaba relacionado con las afirmaciones médicas que la acompañaban, similares a la propaganda difundida en Estados Unidos en la década de los cuarenta para desanimar a los consumidores de marihuana: se decía que esta droga podía volver locos a quienes la consumían, que la gente se tiraba por las ventanas bajo sus efectos, y que llevaba a la delincuencia y al crimen. El principal problema se relacionaba con la mentalidad “beirutí”, que llevó a movimientos izquierdistas que afirman hacer suyas las quejas de los pobres y los marginados a combatir y criminalizar al hachís en lugar de demandar su legalización y acabar con la prohibición de su cultivo.
El asunto está muy claro. Los activistas urbanos sienten indiferencia –e incluso menosprecio- por la suerte de cientos de miles de campesinos de su país. Dan su apoyo a políticas y leyes que han servido para empobrecer a buena parte del Líbano rural, bien porque están centrados en temas “más importantes” (como el rechazo a la ampliación parlamentaria y la “rebelión contra el sistema sectario”), o bien por ser portadores de un punto de vista burgués que pretende preservar la normalidad y la moralidad. La adopción o defensa de ese punto de vista sería inocua si no se produjera a expensas de los segmentos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.
Hasta la fecha no se han realizado estudios adecuados sobre las repercusiones sociales o el deterioro económico que ha causado en Hermel y el Valle de la Bekaa la prohibición del cultivo de cannabis en los noventa. Tampoco hay estudios sobre la prosperidad de la región y el desarrollo local que se produjeron mientras se permitió su cultivo, cuando el resto del país experimentaba, paradójicamente, las peores etapas de la guerra civil. Por todo ello, el gobierno abandonó a los agricultores siguiendo las presiones internacionales.
Leer el artículo completo.
Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.