Justicia transicional para la reforma del régimen de prohibición de drogas
Froylán Enciso
La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Ante el costo humano de la Guerra contra las Drogas, diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su regulación y la instrumentación de políticas de reducción de daño y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia relacionado con la Guerra, mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos.
Estas estrategias han probado tener alcances muy limitados, por su falta de articulación y porque las reformas de políticas contra las drogas son mejor recibidas e instrumentadas cuando provienen de países consumidores. Los magros resultados se pueden explicar también por la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia nacional que procesan los casos de violación a los derechos humanos en que participaron agentes del Estado. A esto se suma la incapacidad de los defensores de los derechos humanos por incorporar la defensa de la dignidad de quienes no fueron violentados, más que indirectamente, por el Estado.
Por eso, a partir de mis investigaciones sobre historia de las drogas y el narcotráfico recomiendo que se creen instrumentos analíticos y de movilización social similares a los propuestos por la literatura sobre justicia transicional durante el siglo XX. Principalmente, propongo la creación de comisiones de la verdad que evalúen los daños de las guerras contra las drogas desde el establecimiento del régimen global de prohibición a principios del siglo XX hasta nuestros días, especialmente desde Estados Unidos, para reparar sus daños.
El costo social del prohibicionismo
Luego de una elección muy cerrada, Felipe Calderón decidió hacer del combate al tráfico de drogas la prioridad de su gobierno (2006-2012). Como política pública, el despliegue militar y policíaco tuvo magros resultados en la disminución del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Las consecuencias sociales y los daños de estas políticas mostraron ser claramente devastadores. Aquí haré el recuento de estos daños hasta 2012, aunque lo que se ha vivido del regreso del PRI, con Enrique Peña Nieto en la presidencia, no permite vislumbrar una tendencia constante hacia un mejor escenario.
Según el conteo del diario Reforma, hubo 47,732 asesinatos relacionados con el crimen organizado entre 2006 y 2012, aunque hay analistas como Diego Valle Jones que, usando datos de varias instancias, ubican la cifra en alrededor de 63,000.[1] El malabarismo estadístico sobre muertos relacionados con la criminalidad organizada es más evidente cuando uno se detiene en casos concretos como el de los periodistas.
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