Como ha ocurrido con otros gobiernos, la gestión de Humala no ha sido capaz de escapar del síndrome de la mano dura para enfrentar la presión mediática sobre la inseguridad, pese a que la evidencia científica indica que este problema debe ser sometido al escrutinio de los datos científicos y demostrables. Por ejemplo, el Perú se encuentra en el tercio inferior respecto de la tasa de homicidios de América Latina (informe CAF) y, además, de acuerdo a IDL, la preocupación de la inseguridad es la del pequeño robo (al paso), más no por el crimen organizado.

Existen analistas, medios y hasta congresistas que buscan alarmar con el asunto de la mexicanización de nuestro país, y el Ejecutivo ha buscado responder a esta situación con más leyes, más penas y más tipificaciones de delitos. El caso más evidente de las contradicciones políticas de este gobierno es la Ley 30077, la misma que supuestamente combatirá el crimen organizado en alrededor de 21 delitos graves señalados por esta ley. Al final de su texto señala que los operadores (PNP, MPFN) tienen que sacar plata de su misma billetera para hacerla efectiva. No hay ningún aumento para su implementación. Ese es el gran dilema del gobierno peruano. A continuación, la crítica situación del sistema carcelario (Fuente: INPE).

Crecimiento de la población penitenciaria en el Perú, periodo 1997-2014
Fuente: INPE

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