CIDDH participa en la 46° Asamblea General Extraordinaria de la OEA

El Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos tuvo la oportunidad de asistir a la 46° Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la misma que se llevó a cabo el 19 de setiembre del presente en la ciudad de Guatemala. En esta reunión, los 34 Estados miembros debatieron con el fin de elaborar la Resolución final “Reflexiones y Lineamientos para Formular y Dar Seguimiento a las Políticas Integrales frente al Problema Mundial de las Drogas”.

En general, este escenario se constituyó como una plataforma donde nuestra organización pudo tomar contacto con los principales encargados de la política exterior de los países americanos, a fin de discutir, con documentos de análisis, las actuales posiciones contrapuestas de los diferentes gobiernos y los aspectos positivos de los procesos de reforma y vientos de cambio en nuestra región. En particular, se pudo tomar contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno peruano, el mismo que recibió cordialmente nuestros documentos analíticos y se mostró dispuesto a profundizar el debate sobre la reforma de políticas de drogas en nuestro país[1]. Así mismo, logramos una mayor difusión de los resultados de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas (Costa Rica), cristalizados, en esencia, en el documento “Aportes de la Sociedad Civil a los Gobiernos con Vistas a la Asamblea Extraordinaria sobre el Problema Mundial de las Drogas de OEA del 19 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de Guatemala”[2].

Para el CIDDH, existen tres cuestiones claves (entre otras) que deben rescatarse como aportes de la sociedad civil en su conjunto al proceso de reforma en materia de políticas de drogas en el nivel político/oficial: la apuesta por los Derechos Humanos, el reconocimiento de la evidencia científica y la exigencia de autonomía en el diseño público de políticas sobre drogas. Gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil y al liderazgo de algunos gobiernos, la resolución de la Asamblea General Extraordinaria pudo considerar estos tres puntos. Sobre el primero, varios gobiernos lo mencionaron como eje central para las políticas de drogas (respecto a alternativas al encarcelamiento, la proporcionalidad de las penas, la rehabilitación, el hacinamiento carcelario, entre otros). Respecto a la evidencia científica, se concertó que, cuando corresponda, debe revisarse el abordaje enfoques tradicionales y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en evidencia y conocimiento científico. Y sobre la autonomía, hubo consenso en que la evaluación de políticas de control de drogas debe ser un ejercicio multilateral, a fin de evitar cualquier violación al Derecho Internacional en cuanto al principio de no injerencia en asuntos internos.

Algunas impresiones

• El informe “hipócrita”. Días atrás, el Gobierno de los Estados Unidos lanzó un reporte anual conocido como “Certificación Antinarcóticos” (de la Casa Blanca). En él, se realizaban diversas críticas a países que, en teoría, no colaboraban con sus esfuerzos a la lucha contra las drogas. Frente a esta situación, fue enfática y muy clara la posición venezolana, ecuatoriana, boliviana y argentina que mostraba un rechazo contundente hacia este tipo de reportes que no hacen más que reforzar el unilateralismo que tanto daño hace a un reto de carácter global. Varios de los representantes allí presentes no dudaron en calificar tal reporte como “hipócrita”, dada la debilidad de Estados Unidos en contener su propio consumo a nivel interno. Se incluyó un párrafo en la Resolución final que hacía referencia a este suceso con la idea de reforzar la multilateralidad.
• ¿Un avance hacia atrás? La postura peruana es conocida por ser de corte conservadora. Y es que este elemento responde a un factor clave: el tradicional alineamiento a las políticas contra drogas de Estados Unidos a través de los últimos treinta años (las mismas que priorizaban el control de la oferta, la represión y la criminalización de los eslabones más vulnerables de la cadena del tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, el discurso peruano ante la AGE – OEA pareció demostrar una ligera apertura: por primera vez reconocían la existencia de nuevas alternativas para enfrentarse al fenómeno (alternativas liberales que podrían producir resultados efectivos). No obstante, este ligero avance se vio completamente opacado cuando se planteó el hecho de que ninguna alternativa será efectiva (y solo beneficiará a narcotraficantes) sino cumple a cabalidad con lo dispuesto en el actual régimen internacional (las tres Convenciones).

[1] Cabe mencionar que el Perú, junto a Canadá, Estados Unidos y Costa Rica (entre otros moderados) ostenta una postura oficial conservadora que no ha permitido el debate abierto dentro de nuestro país.

[2] Documento que puede ser revisado en el siguiente link: http://conferenciadrogas.com/2014/wp-content/uploads/2014/09/Declaracion.-Aportes-de-las-OSC-con-vistas-a-AGE-2014.pdf.

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