Por: Martin Jelsma

La reforma al control de drogas que se está emprendiendo en las Américas, y que presiona los límites del marco jurídico mundial establecido en tres convenciones de la ONU, se ha convertido en un tema delicado. La despenalización de la tenencia para consumo personal en varios países de América Latina y el establecimiento de una sala supervisada para inyección en Vancouver, Canadá, han provocado disputas legales prolongadas con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano cuasi-judicial para la aplicación de los convenios.

Los pasos que dio Bolivia para legitimar la hoja de coca, la regulación legal del cannabis en los estados de Washington y Colorado de Estados Unidos, así como en el Uruguay, han cambiado para siempre el panorama de la política de drogas. La pregunta hoy ya no es si es necesario volver a evaluar y modernizar el sistema de control de drogas de la ONU, sino más bien cuándo y cómo hacerlo.

Para Washington, así como para la burocracia del control de drogas de la ONU, este escenario es una especie de pesadilla. Durante el siglo pasado, Estados Unidos fue el país del mundo que más esfuerzos invirtió para influir en la elaboración del régimen de control global y en hacer cumplir su adhesión de manera casi universal. Una apertura del debate ahora pone en riesgo el instrumento jurídico que los Estados Unidos ha utilizado a menudo para obligar a otros países a operar de acuerdo con sus propios principios.

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