Familias que han terminado viviendo más por obligación que por decisión propia en zonas de conflicto y colonización. Territorios donde la coca es moneda de cambio y la ley se dicta con un guiño amenazante, donde el banco es DMG o el candado en la caja de herramientas y las estaciones de verano e invierno se acompañan de las temporadas en las que llueve veneno. El 80% de quienes cultivan los arbustos dicen que quieren dejar el negocio, y un poco menos de la mitad tienen la coca como simple complemento a sus cultivos legales. En muchos casos su trabajo no les deja ganancia, simplemente aseguran un flujo de caja para sobrevivir, $2’350.000 cada año en promedio para cada una de las personas dedicadas a sembrar, cuidar y recoger la hoja. Quienes siembran están cada vez más lejos del negocio del procesamiento, el 70% simplemente hace labores agrícolas.

La pregunta, luego del acuerdo firmado en La Habana, es si será posible atender las necesidades de esas familias, compensar los cerca de $600.000 millones que mueve el negocio en su primer eslabón, sacar a la gente de los ciclos y la lógica de la ilegalidad, garantizar que las Farc no seguirán imponiendo sus maneras o que las bandas no llegarán para reemplazar al antiguo intermediario.

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