Por Maria McFarland Sánchez-Moreno, Directora de Human Rights Wathch the programa de EEEUU 

Casi todos los países del mundo juegan un papel –ya sea como productores, consumidores o puntos de tránsito— en el multimillonario negocio del tráfico de drogas ilícitas, que abastece a más de 150 millones de personas cada año y sigue creciendo.

Para combatir este comercio, en las últimas décadas, muchos países han puesto en marcha “guerras contra las drogas”, que han supuesto la represión de participantes, grandes y pequeños, en el negocio de las drogas, y en algunos casos severas sanciones para los consumidores.

Human Rights Watch lleva mucho tiempo documentando los abusos generalizados contra los derechos humanos que este enfoque ha producido: en Estados Unidos, los estragos que han causado las desproporcionadas penas de prisiónpor los delitos de drogas en individuos y sus familias, así como inquietantes disparidades racialesen la aplicación de las leyes antidrogas; en México, los asesinatoscometidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico; en Canadá, EE.UU.y Rusia, cómo el miedo a medidas represivas desalienta a usuarios de drogas a acceder a servicios de salud necesarios y los expone a la violencia, la discriminación y a enfermedades; en Afganistán y Colombia, cómo la producción de narcóticos ha fortalecido a grupos armados que se oponen o son afines al gobierno; en India, Ucrania y Senegal, cómo pacientes con cáncer sufren dolores severos debido a las estrictas regulaciones de control de drogas que hacen que la morfina sea prácticamente inaccesible; y en China, Vietnam y Camboya, reportamos “centros de rehabilitación para drogodependientes”, donde las personas son sometidas a la tortura, el trabajo forzado y el abuso sexual.

Pero dentro de Human Rights Watch muchos teníamos la convicción cada vez mayor de que este enfoque no iba lo suficientemente lejos; de que el problema no se limitaba simplemente a políticas inadecuadas o a su ejecución abusiva. Más bien, la criminalización de las drogas en sí parecía ser intrínsecamente problemática. Especialmente en los casos de posesión y consumo personal, la imposición de toda la fuerza del sistema de justicia penal para arrestar, juzgar y encarcelar parece contradecir los derechos humanos a la privacidad y la autonomía personal que subyacen a muchos derechos.

El fuerte énfasis internacional en perseguir penalmente la producción y distribución de drogas también estaba incrementando drásticamente la rentabilidad de los mercados de drogas ilícitas, a su vez alimentando el crecimiento y las operaciones de grupos que cometen atrocidades, corrompen a las autoridades y socavan la democracia y la justicia en muchos países.

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