La marihuana busca un estatus legal
El tabú se va esfumando. A nadie le parece ya una locura plantear la lucha contra las drogas (sobre todo cannabis) de una manera distinta de la empleada durante los últimos 50 años, desde que se aprobara en 1961 la Convención Única sobre Estupefacientes en la sede de la ONU en Nueva York.
Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos del cambio global en la percepción del cannabis. En la cuna de la prohibición, donde se declaró en 1971 la “guerra mundial contra la droga”, ya hay 21 Estados en los que se permite la marihuana medicinal y en algunos, como California, la línea que separa el consumo terapéutico del recreativo es harto difusa. Colorado y Washington han ido más allá y en el primero ya se permite cultivar hasta seis plantas en casa y vender legalmente hasta 28 gramos de marihuana para uso recreativo. En Washington se permitirá este 2014.
En Europa, donde históricamente no se ha criminalizado tanto al consumidor como en América Latina o EE UU, la tendencia reguladora es más moderada, pero también existe. En 2013 Suiza despenalizó la posesión de cannabis para uso personal; la capital de Dinamarca, Copenhague, pretende iniciar un plan piloto en el que el municipio producirá y venderá la marihuana y el distrito de Kreuzberg, en el centro de Berlín, planea instalar coffeeshops en el parque Görlitzer, uno de los espacios más castigados por el tráfico de drogas en la ciudad. Las voces de personalidades y expertos en derecho penal a favor de un cambio también son cada vez más numerosas e incluso el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ordenó el pasado noviembre “revisar las políticas existentes en materia de drogas” en Reino Unido. Además, existe el caso de Portugal, que despenalizó en 2001 la posesión de todas las drogas.
España, donde el 80% de los condenados por tráfico de drogas lo son por casos de cannabis, actúa en contra de la tendencia mundial. El Gobierno, dispuesto a acabar con los clubes sociales de fumadores que han ido proliferando durante los últimos años, especialmente en Cataluña y País Vasco, prevé subir un 300% la sanción mínima por posesión —de 300 a 1.001 euros—, así como multar con la misma cantidad los cultivos privados de cannabis. “Nos retrotraemos a épocas pasadas como en el caso del aborto”, opina Xabier Arana. El Ejecutivo, además, prevé eliminar la posibilidad de sustituir la multa por un tratamiento de desintoxicación, algo que ha indignado a otros expertos y a asociaciones de toxicómanos.
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