La Corte Constitucional concedió una tutela a las comunidades indígenas y le ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cancelar el registro de varios productos.

La sentencia anuló el registro de té, harina y otros elementos que se empezaban a vender y usaban íconos de las comunidades. Además, advirtió que la coca hace parte del consumo ancestral indígena, y que vendida por otras manos podría considerarse narcotráfico.

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