En esta conferencia quedaron  claras  algunas  de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que  proteja  y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar  de  perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su  acceso a la propiedad de las tierras, promueva  su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de  coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios.

En materia de atención al  consumo, planteó que los tratamientos “no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de  drogas en la definición  de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras”.

Por otra parte, se denunció la contradicción entre los  discursos que llaman al respeto de los derechos  de los usuarios y la realidad que viven las personas que usan drogas ilícitas: situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión,  torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar  de promover la  salud  y la calidad de vida  incrementan su  sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no  alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”.

Alrededor de 500 personas de más de 20 países participaron el 5 y 6 de diciembre de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que  se dio cita en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá y estuvo organizada por la Asociación Civil Intercambios, de Argentina, y Acción Técnica Social (ATS), de Colombia.

Más de cuarenta representantes de gobiernos, de organismos multilaterales, expertos y organizaciones no gubernamentales, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo se reunieron para abordar la temática desde diversos ejes y confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, priorizando las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas a través del trabajo desde la reducción de daños.

Coincidentemente con el debate promovido por  la Conferencia,  el primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura, para reiterar la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición.

En este contexto tuvo lugar la IV Conferencia sobre Políticas de Drogas que estuvo patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

En ese marco, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”.

Por su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”.

En la primera jornada estuvo presente el alcalde mayor de la capital colombiana, Gustavo Petro, quien subrayó que “hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”.

Por su parte, Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD) instó a “no criminalizar a las personas que consumen drogas”. También informó que, según estadísticas de su oficina, el 5% de la población del mundo consumió alguna droga ilícita una vez en su vida y el 0,6% de la población adulta mundial tiene un consumo problemático de drogas. “El gran desafío hoy es la prevención y el tratamiento”, aseveró.

A su turno, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Farid Samir Benavides Vanegas, estableció una vinculación entre las formas ilícitas y la violencia tanto en el caso de las drogas como de la minería ilegal. “Tenemos expectativas en superar los rezagos al desarrollo causados por el tráfico”, aseguró.

Desde el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Coletta Youngers explicó que esta coalición de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo comparten la mirada crítica sobre los efectos de la Convención de Estupefacientes aprobada por Naciones Unidas en 1961 que “no logró los resultados deseados y tuvo impactos no deseados”.

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