Colombia: drogas y paz
La incorporación del tema de drogas en la agenda de las conversaciones de paz que se desarrollan entre el Gobierno colombiano y las FARC en la ciudad de La Habana es una decisión acertada. La economía ilegal de las drogas atraviesa transversalmente el conflicto colombiano en diferentes dimensiones y en diversos territorios. Las condiciones de vida de gran parte de la población rural colombiana se han deteriorado como consecuencia, entre otros factores, de la contrarreforma agraria estimulada por el negocio ilícito de las drogas. Una política rural que haga frente a esta situación es clave para la solución del problema de las drogas ilegales en Colombia. La solución política del conflicto colombiano requiere de un cambio en la estrategia antidrogas que se aplica infructuosamente desde hace décadas en el país.
En junio de 2000, en el marco de las conversaciones de paz que adelantaban entonces el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el TNI en asocio con el investigador de Acción Andina, Ricardo Vargas, produjo el informe, Cultivos ilícitos y proceso de paz en Colombia. Una propuesta de cambio en la estrategia antidrogas hacia la solución política del conflicto. En esos momentos Colombia estaba atravesando por un período de auge y expansión de los cultivos de coca (y una economía relacionada), pasando a ser el principal productor mundial de coca/cocaína. Washington había aprobado poco antes la estrategia antinarcóticos y contrainsurgente conocida como el Plan Colombia, que comenzaría a operar a finales de ese mismo año aplicando un programa de fumigaciones masivas con químicos sobre los cultivos de coca. Teniendo en cuenta este contexto, el documento aportaba una serie de argumentos tendientes a contribuir en la búsqueda de la paz a través de la generación de condiciones en el campo colombiano, particularmente en lo relativo al problema de los cultivos de uso ilícito.
Como es sabido, los diálogos del Caguán llegaron a su fin a comienzos de 2002 desencadenándose a partir de entonces con mayor fuerza el Plan Colombia. Esta estrategia militar -que si bien jugó un rol clave en la lucha contrainsurgente y en la reducción de la superficie de cultivos de coca en determinadas regiones, aunque no en el volumen de drogas exportada principalmente hacia los Estados Unidos- produciría también graves impactos de orden social y humanitario al contribuir a deteriorar aún más el tejido social de amplias comunidades campesinas, al desplazamiento de población a causa de la agudización de la guerra, y al desplazamiento de los cultivos ilícitos a nuevas regiones del país. Las fumigaciones del Plan Colombia -aún vigentes- han sido tema de controversia nacional e internacional en las última década.
Más de diez años debieron transcurrir para que un nuevo Gobierno iniciara otra vez una tentativa de paz cuya primera fase se definió en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Desde los años del Caguán hasta hoy es mucho lo que ha retrocedido el país en términos de desarrollo social y económico de las comunidades agrícolas. Hoy son más evidentes y se sienten más los efectos perversos de la economía ilegal de la droga -entre otras actividades ilícitas- extendida en amplias regiones.
Resolver el conflicto armado con las guerrillas es el primer paso para la paz, la cual se fundamentará sobre una política integral de tierras que reconozca la complejidad del agro colombiano de la cual hacen parte los cultivos de uso ilícito. Como lo propone el último informe del PNUD para Colombia, Razones para la esperanza, las opciones para enfrentar el problema de estos cultivos están ligadas a un desarrollo rural que contribuya a la solución de problemas los estructurales del agro.
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