Usuarios de drogas sentenciados a prisión; familiares de usuarios detenidos arbitrariamente; viviendas registradas sin orden de un juez: éstas y muchas otras injusticias cometidas por los agentes del orden y los operadores de justicia durante la aplicación de la Ley de Drogas, cobrarán visibilidad a través del Banco de Injusticias, que será presentado el próximo 7 de diciembre en Río de Janeiro.

El Banco de Injusticias es una iniciativa conjunta de la Comisión Brasileña de Drogas y Democracia, CBDD, y la Asociación Nacional de Defensores Públicos, ANADEP y su objetivo es promover el debate jurídico sobre la ausencia de principios básicos constitucionales en dicha ley, como el derecho a la salud, las limitaciones al poder punitivo del Estado y sobre todo, el carácter democrático del Estado de Derecho.

El Banco de Injusticias, creado con el apoyo de Viva Rio bajo la coordinación general de Pedro Abramovay, ex Secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas, recolectará las injusticias reportados por los defensores públicos (defensores de oficio) de todo el país.
La iniciativa fue lanzada en diciembre de 2011 durante la Conferencia Viva Rio, que celebró los 18 años de esta organización brasileña, cuyo trabajo se centra en la promoción de una cultura de paz e inclusión social.

El Banco de Injusticias también abre canales para que otros proveedores de información, además de los defensores públicos, puedan reportar injusticias en materia de aplicación de la ley de drogas. Entre éstos se destacan las alianzas que están en consolidación con la Pastoral Carcelaria Nacional, con otras instituciones religiosas y con organizaciones de la sociedad civil. Los ciudadanos también podrán registrar su historia en el Banco de Injusticias, a título personal.

Los casos están siendo divulgados en el site www.bancodeinjusticas.org.br

Uno de los efectos más preocupantes de la aplicación de la Ley de Drogas es el aumento brutal de la población carcelaria relacionada a drogas, desde que dicha ley fue aprobada en 2006. Entre 2007 y 2010,  la población carcelaria por delitos relacionados a drogas aumentó en 62,5%. Este aumento se dio justamente sobre personas que eran reos primarios y no tenían vínculo con organizaciones del crimen organizado, según lo confirmó una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Brasilia.

Al referirse al trabajo de los Defensores Públicos, Abramovay explica que “quien convive con la realidad de la justicia criminal, acompaña cotidianamente historias de usuarios presos como traficantes; de mujeres que son detenidas llevando drogas para el hijo amenazado de muerte en la prisión y con otras situaciones para las cuales la prisión no es la respuesta adecuada. Estas son las historias que el público necesita conocer”.

Más información: Andrea Domínguez Duque o Fabiana Lustosa

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