El 12 de Julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una decisión histórica, que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgadas por tribunales civiles. El tribunal llegó a esta decisión después de analizar la sentencia dictada contra México en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla en 1974 por miembros del Ejército mexicano.

La decisión del tribunal abre la puerta al juzgamiento de militares por violaciones a los derechos humanos que, históricamente, permanecieron en la impunidad por ser juzgados en cortes militares. Hoy en día, aproximadamente 50,000 soldados están participando en la lucha contra las drogas y el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos ha aumentado de forma dramática. Desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha recibido más de 4,800 denuncias contra el Ejército por abusos de derechos humanos, aumentando de 182 denuncias en 2006 a 1,415 en 2010. 

En 2010, se llevaron adelante tres casos contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados mexicanos. En dos de los casos, se trataba la tortura y la violación de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo por soldados mexicanos en el Estado de Guerrero en 2002, y en el tercero, se discutía la tortura y detención arbitraria de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos activistas ecologistas en Guerrero, en 1999. Aunque la Corte Interamericana ordenó que estos casos se trasladaran al fuero civil, el Gobierno mexicano no ha cumplido aun con la sentencia. A la luz de esta nueva decisión por el cuerpo judicial más alto del Estado mexicano, el Gobierno de México debe transferir los casos al fuero civil de inmediato para que los soldados responsables por estas violaciones de derechos humanos sean llevados a juicio.

El fallo de la Corte también convierte a la propuesta para reformar el código de justicia militar presentada por el presidente Calderón al Senado en ineficaz porque su propuesta pide solamente la transferencia al fuero civil de ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos. El Congreso mexicano ahora deberá aprobar una reforma que sí cumpla con la decisión de la Corte Suprema.

La decisión de la Corte pone fin al debate que se ha sostenido durante años en México sobre el uso del fuero militar para juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles por miembros del ejército y es un paso adelante para asegurar la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.

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