Comparativo de proyectos de ley sobre despenalización de delitos de consumo de drogas en Argentina
Por Mariano Fusero
Transcurridos veintiséis años desde la sanción de la Ley 23.737, plazo en el cual dicha norma no ha recibido modificaciones sustanciales que modifiquen su estructura, y habiendo ocurrido en el mundo y en nuestro país una variedad de sucesos políticos y jurídicos relacionados con la cuestión, están dadas sin duda las condiciones para un análisis de en qué medida los objetivos de dicha norma se cumplieron, qué modificaciones requiere y cuál es su sentido en la actualidad.
A tal fin, fueron numerosos los proyectos de ley presentados por diversas fuerzas políticas en argentina que intentaron reformar sus disposiciones, principalmente en lo que hace a la figura de la tenencia para consumo personal. Otros proyectos han avanzado más aún, pretendiendo la despenalización de conductas como el autocultivo, el consumo ostentoso, la tenencia simple, entre otras. Asimismo, hubo proyectos que tendieron a reformar íntegramente la actual ley y otros han propendido a la legalización controlada del cannabis y a la reducción de daños.
La actual Ley 23.737 es un producto derivado de directivas establecidas en instrumentos internacionales, impulsados por los países centrales y, entre ellos, fundamentalmente por los Estados Unidos. Resulta claro sin embargo, que muchas de las disposiciones de la misma han ido incluso más allá de lo establecido en aquellos instrumentos y de las políticas implementadas en los territorios de los países promotores de la cruzada.
Por su parte, ninguna de las Convenciones suscriptas por la Argentina la compromete, por ejemplo, a criminalizar la tenencia de sustancias prohibidas para consumo personal. En efecto, las Convenciones no descartan tal opción, pero expresamente al referirse a los deberes de los Estados, se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico".
Sin embargo, Argentina es uno de los países de la región con mayor influencia del prohibicionismo en su política de drogas, conservándose hoy en día la penalización de la tenencia para consumo personal -entre otras conductas relacionadas al consumo-, una indudable selectividad penal de los/as usuarios/as y medidas sanitarias compulsivas (tratamientos contra la voluntad) de las personas con usos problemáticos o adicción, entre otras disposiciones legales.
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