Los recientes esfuerzos de Río de Janeiro por establecer la presencia del Estado, ofrecer servicios gubernamentales y reducir los niveles de criminalidad en las favelas, los barrios pobres e ingobernados que se distribuyen por toda la ciudad, han sido ampliamente difundidos. En marzo de 2011, en ocasión de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a una favela en el marco de su visita oficial a Brasil, las autoridades brasileñas presentaron un programa cuyo objetivo es, según los funcionarios responsables del proyecto, “recuperar para el Estado territorios pobres controlados por los narcotraficantes” y saldar “una enorme deuda social que se remonta a la colonización de estos barrios”.


El discurso de las autoridades brasileñas tiene eco en otros lugares de la región. Actualmente, diversos gobiernos nacionales, estatales y municipales están debatiendo nuevas estrategias para hacer frente a la violencia urbana. Estas estrategias no sólo se basan en el control policial, sino que también incluyen un importante componente social.


Si bien el crimen es de por sí un problema muy difícil de manejar, en gran parte de América Latina se ve agravado por la exclusión social, la marginalización y la falta de servicios básicos que afectan a muchos barrios pobres. Muchos de los distritos pobres de las ciudades de la región, que fueron poblados de manera informal durante periodos de rápida urbanización, llevan mucho tiempo sufriendo por causa de la pobreza endémica y la falta de oportunidades. En las últimas décadas, muchos han padecido crecientes niveles de violencia, a menudo vinculada al narcotráfico o a las bandas criminales. En algunos casos, la policía no solo no atenúa esta violencia, sino que la agrava.


Durante décadas, estas zonas han sido totalmente abandonadas por los sucesivos gobiernos, cuya única atención ha consistido en adoptar medidas represivas, o de “mano dura”, periódicamente. Sin embargo, frente al fracaso de este tipo de medidas, algunos gobiernos están probando enfoques diferentes.


Estos nuevos enfoques se basan, según los mismos gobiernos, en estrategias secuenciales adecuadamente planificadas que combinan iniciativas para garantizar la seguridad pública y la provisión de servicios básicos. Estos planes no entran dentro de las categorías tradicionales de los programas de combate al delito, sino que van más lejos y son más complejos que las intervenciones armadas para reducir la violencia, las estrategias de lucha contra las pandillas o los programas antidroga o contra la insurgencia. Aunque muchos de estos planes se apoyan en las fuerzas policiales –y en algunos casos incluso en las fuerzas armadas, lo cual es problemático—todos ellos parecen reconocer que el éxito de una estrategia depende de mucho más que el brazo armado del Estado. Su objetivo no sólo es mejorar las condiciones de seguridad, sino también revertir la exclusión histórica de los habitantes de las zonas urbanas marginales.


Las iniciativas orientadas a “revertir la exclusión” —a falta de otro término más apropiado—no son idénticas. Por el contrario, se desarrollan en contextos singulares y se valen de tácticas y estrategias diversas. Los resultados han sido mixtos; las condiciones de seguridad han mejorado en algunas comunidades, mientras que en otras no ha sido así. No obstante, estas iniciativas merecen atención. A pesar de que la violencia urbana se ha agravado hasta tal punto que ha pasado a encabezar la lista de las principales preocupaciones de los ciudadanos en toda la región, en los últimos cinco años se ha innovado y se ha aprendido más que en los anteriores cincuenta.


Lo que sigue es un breve análisis de cuatro iniciativas desarrolladas con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina. Los cuatro casos presentados a continuación fueron seleccionados por su énfasis en “revertir la exclusión”. Si bien cada caso es diferente, todos tienen en común el compromiso oficial por hacer llegar los servicios del gobierno a las comunidades marginalizadas como elemento clave para contener el crimen y la violencia. Los autores evalúan los puntos fuertes y débiles, así como la eficacia de cada programa. Muchas de estas iniciativas son incipientes y aún es demasiado pronto para declarar a alguna de ellas exitosa. Mediante el análisis de estas iniciativas, el informe destaca la noción, cada vez más extendida, de que mejorar la seguridad ciudadana en un contexto de altos niveles de violencia urbana requiere un enfoque integral que otorgue un lugar central al desarrollo social.

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