El ensayo fotográfico muestra el costo social de encarcelar a las mujeres por delitos menores de drogas 

Washington, DC—Hoy, un grupo de trabajo de expertos y expertas en derechos humanos, especialistas legales y funcionarios de gobiernos latinoamericanos publicará una guía de política pública para reducir los niveles injustos de encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas en la región. El informe, publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, exige una amplia gama de reformas para abordar el costo humano de las actuales políticas de drogas en las Américas.
 
Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe” recomienda que los gobiernos propendan por la descriminalización del consumo de drogas y el uso de alternativas al encarcelamiento —especialmente para mujeres embarazadas o con dependientes— así como por los programas de educación y formación que pueden conducir a un empleo digno.

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Esta tendencia va más allá de unos pocos casos aislados; se trata de una grave epidemia. En algunos países de América Latina, más del 60 por ciento de las mujeres en la cárcel están allí por delitos de drogas”, dijo Coletta Youngers, Asesora Principal de WOLA, Asociada con el IDPC y coordinadora del proyecto. “El encarcelamiento masivo de estas mujeres, quienes mayoritariamente se encuentran en los rangos más bajos de las redes de tráfico de drogas y no representan ninguna amenaza para la sociedad, significa una violación a sus derechos fundamentales y un uso completamente ineficaz de los srecursos estatales”.
 
En muchas comunidades latinoamericanas, el rol de las mujeres como jefas de hogar también significa que su encarcelamiento puede tener consecuencias particularmente graves para toda su familia.
 
Se debe prestar atención especial a las cuestiones relacionadas con el género en el desarrollo y la implementación de las políticas de drogas”, dijo Nischa Pieris, especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, quien también coordina el proyecto. “Las circunstancias atenuantes deberían ser tomadas en cuenta; mujeres embarazadas con hijos menores de edad no deben ir a la cárcel. Deben implementarse alternativas al encarcelamiento”.
 
Estos efectos nocivos del encarcelamiento son particularmente evidentes dentro de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Colombia. En una serie de ensayos fotográficos tomados en la cárcel, Johana y Ángela, dos mujeres colombianas que están encarceladas por delitos de drogas, explican cómo la pobreza y la necesidad de apoyar a sus hijos las llevaron a involucrarse en el mercado de drogas. Su encarcelamiento ha tenido consecuencias devastadoras para sus hijos. 

Tristemente, las experiencias de Johana y Ángela son similares a las de muchas mujeres encarceladas en Colombia”, dijo Sergio Chaparro, Investigador Principal de Dejusticia y colaborador de la guía. “El racismo y la falta de oportunidades que enfrentan estas mujeres, especialmente una vez salen de la prisión, representan un llamado de acción urgente. Las políticas planteadas en la guía proponen unos primeros pasos importantes que los Estados podrían adoptar para ponerle fin al encarcelamiento masivo de mujeres en la región”.
 
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