Países

Par los propósitos del trabajo regional del IDPC, América Latina incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Situación en materia de drogas

Producción

Latinoamérica produce varias de las substancias ilícitas que se consumen globalmente, siendo la región andina la principal productora de coca del mundo y la primera suministradora de productos de cocaína. Según las Naciones Unidas, durante los últimos años, el cultivo de coca se ha incrementado en Colombia y en Perú del 3 al 5 por ciento respectivamente, mientras que en Bolivia el cultivo ha disminuido en un 12 por ciento. La amapola (de donde se produce el opio y la heroína) es principalmente producida en Asia, sin embargo también crece y se produce en pequeña escala en México, Guatemala, Colombia y Perú.

La producción de Colombia y Perú es relativamente insignificante. La producción en México y Guatemala se ha incrementado en los últimos años a pesar de los niveles todavía escasos en comparación con lo que se produce en Asia. Según el Informe Mundial sobre Drogas, los principales productores de cannabis en América Latina son México, Bolivia, Colombia y Paraguay. Nuevas evidencias muestran que la producción de estimulantes de tipo anfetamínico se está incrementando a lo largo de toda la región. Desde 2007, la manufactura de metanfetamina en México parece haber crecido significativamente. Otros países, como Nicaragua y Brasil, también han sido testigos de un crecimiento en la manufactura (Ver el Informe Mundial sobre Drogas)

Tráfico

Las rutas de tráfico de cocaína producida en países de la región andina entran a Estados Unidos y a Canadá vía México, Centroamérica y El Caribe. La atención se ha vuelto recientemente hacia Centroamérica como ya que varias fuentes informan de que alrededor del 80 por ciento de cocaína hacia Estados Unidos ahora pasa a través del istmo. El incremento del tráfico por tierra (debido al desplome de las rutas del Caribe) ha resultado en mayores trastornos sociales, económicos y políticos en Centro América. Las rutas de tráfico hacia Europa son tanto de paso directo como de paso a través de países vecinos. Debido a su proximidad, las rutas europeas a menudo incluyen el transbordo en África Occidental.

En años recientes, África Occidental ha crecido en importancia, con traficantes llevando a cabo centros de transbordo en los que la cocaína de la región andina se mueve hacia Europa Occidental o se almacena para venta posterior. El tráfico de cannabis es principalmente regional y el cultivo doméstico se ha incrementado en la última década (Ver informe Mundial sobre drogas 2012). En general, América Latina está más afectada por los flujos de tráfico de drogas a través de la región y menos afectada por su uso.

Uso

A pesar de la ausencia datos fiables sobre el consume de drogas en la región, un estudio de 2011 realizado por la  Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), muestra que las principales drogas consumidas en América Latina son el cannabis y la cocaína, así como sus derivados. La heroína no es ampliamente usada en la región a excepción de Colombia y algunas partes del norte de México (debido a su proximidad con EEUU). Las personas que se inyectan drogas se inyectan principalmente cocaína y sus derivados, localizándose las mayores tasas de inyección en el Cono Sur. Los datos no ofrecen a menudo tasas de inyección, sin embargo las tasas más altas de prevalencia están en Brasil con 540,500 personas que se inyectan drogas, en Argentina con 65,829 y en Chile con 42,176 personas que se inyectan drogas (panorámica regional de IHRA). El acceso a la reducción de daños y al tratamiendo de calidad continúa siendo una preocupación en la región- expecíficamente en los  en los sistemas carcelarios, éste es prácticamente inexistente. También resultan preocupantes, los programas de tratamiento forzado que pueden encontrarse a lo largo de la región.

Derivados de la cocaína más baratos y dañinos pueden encontrarse en algunos países latinoamericanos. Pasta base de cocaína, conocida como paco o bazuco, es usa en Argentina, Brasil y Uruguay mientras que “oxi” o “oxidado” es común en la región amazónica de Brasil. El oxi es un derivado de la cocaína y está a menudo mezclado con sustancias como gasolina, acetona, líquidos batidos o otros químicos. La droga puede causar dolores de estómago, vómitos y diarrea constante, pero lo más alarmante es que varios usuarios mueren en el plazo de un año. Estas formas de pasta de cocaína son relativamente baratas y por tanto consumidas principalmente por el sector pobre urbano, con consecuencias sociales y de salud devastadoras.

Políticas de drogas regionales

Históricamente, las políticas de drogas regionales han sido dictadas e impuestas por los Estados Unidos, particularmente en la región andina y en México, y se han enfocado en la prohibición, la militarización y la obstaculización de los flujos de tránsito. La criminalización de los productores, la erradicación de cultivos y las elevadas tasas de fuerzas del orden, fueron la norma regional, con asistencia proveída por los Estados Unidos. Recientemente, sin embargo, países Latinoamericanos han empezado a tomar el contral a nivel nacional y regional, experimentando con nuevas formas de abordar el tema y sirviéndose de agencias multilaterales como una manera de generar cambios.

En la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en Abril de 2012, los presidentes de la región, liderados por el colombiano Juan Manuel Santos, encargaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) llevar a cabo una revisión de la efectividad de las actuales políticas de fiscalización de drogas y explorar enfoques alternativos. La petición  activó el creciente reconocimiento a lo largo América Latina de que las presentes políticas de drogas han fracasado a la hora de lograr los objetivos deseados, de que los países de la región han pagado un alto precio implementando estas políticas, y la necesidad de situar como una prioridad la reducción de los inaceptables niveles de violencia. La demanda de un estudio de la OEA refleja la creciente independencia regional con respecto a la política de Estados Unidos y la decadencia de la influencia del país del norte en la región.

Cumpliendo con este mandato, la OEA produjo un informe analítico, “El problema de las drogas en las Américas” y un estudio de escenarios complementario. El informe de la OEA ofrece varias políticas de drogas alternativas que podrían ser consideradas por los estados miembros, incluyendo la descriminalización del consumo, los mercados de cannabis regulados y la reforma nacional e internacional de las leyes sobre drogas (apuntando así la posibilidad de la reforma de las convenciones internacionales sobre drogas). De los cuatro escenarios, uno llamado “Caminos” empieza con la premisa de que las presentes políticas están causando mucho daño y propone experimentar con marcos legales regulados, empezando con el cannabis. El informe analítico y el de escenarios de la OEA ofrecen una importante herramienta para el debate regional sobre políticas de drogas.

En la Asamblea General de la OEA de Guatemala, celebrada en Junio de 2013, la política de drogas fue escogida para ser el debate temático. La declaración acordada al final del encuentro « Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas » llama a los países a iniciar un proceso multilateral de consulta en una gran variedad de foros nacionales y regionales, teniendo en cuenta la reciente publicación de los estudios sobre políticas de drogas de la OEA y los resultados del encuentro de la Asamblea General. Asimismo, concluye solicitando al Consejo Permante a que llame a una Sesión Especial de la Asamblea a ser llevada a cabo a finales de 2014 a más tardar. Mientras un nuevo consenso regional en temas de políticas de drogas está todavía lejos, hay ahora una oportunidad sin precedentes para el debate. Estos fors regionales también ayudarán a preparar la forma en la que la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016 (UNGASS) enfocará los temas sobre drogas.

Estos procesos regionales ofrecen un fuerte sustento a partir del cual los países pueden comenzar a implementar reformas nacionales, así como participar en el debate global sobre reformas de políticas de drogas. Unas de las reformas de mayor alcance ha sido la aprobación en diciembre de 2013 de una nueva ley en Uruguay para crear mercados de cannabis legales y regulados. 

En Bolivia, el gobierno ha desafiado las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, específicamente en torno a la hoja de coca. Este es el primer país que ha denunciado y regresado a la Convención Única sobre Estupefacientes (que erróneamente clasificaba la hoja de coca como un peligroso narcótico). Para armonizar esta prohibición con su su constitución nacional, Bolivia decidió retirarse de la Convención Única y reacceder con la reserva del acullico (masticado de hoja de coca) en enero de 2013, para así permitir el uso doméstico de hoja de coca y proteger este derecho histórico y cultural. Quince países (incluyendo Canadá, Estados Unidos y México) objetaron la reserva boliviana, sin embargo, esto no fue suficiente para bloquear su retorno a la Convención.

Ver: La agenda de reformas en materia de políticas de drogas en las Américas; Un proceso en ciernes. Cambios en el debate sobre políticas de drogas en América Latina.

Reducción de la oferta

Las medidas de reducción de la oferta enfocadas en la erradicación forzada de cultivos han tratado a los agricultores de subsistencia como criminals y han conducido a un incremento de la pobreza, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzado, violaciones de derechos humanos, violencia, inestabilidad política y daños medioambientales, sin reducir la cantidad de granos para el mercado ilícito que se producen en la región.

Mientras que Colombia y Perú han mantenido un enfoque sobre erradicación forzada de cultivos, el gobierno boliviano ha adoptado un enfoque diferente que está enseñando múltiples resultados positivos.

La estrategia de reducción cooperativa de coca permite a cada campesino cultivar un « cato » de coca (alrededor de 1600 metros cuadrados) en la región de cultivadores de coca de Chapare ; sin embargo, culquier cultivo de coca por encima de esta media es sujeto de erradicación. Se está implementando una estrategia elaborada de monitoreo de hoja de coca que permite al gobierno monitorear la coca desde su cultivo inicial a su transporte y venta. La Unión Europea ha proveído un apoyo financiero sustancial para el Programa de Apoyo al Control Social para la Producción de Hoja de Coca.  El enfoque de Bolivia refleja a algunos donantes como la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) : un enfoque de medios de vida alternativos, que se basa en mejorar las vidas de los campesinos pobres ofreciento fuentes alternativas de ingresos y mejoras generales a su calidad de vidad, previamente a las reducciones de los cultivos desviados a los mercados ilícitos.

La interdicción de las drogas en otra manera de reducir su oferta alternando el transporte de drogas ilícitas hacia sus destinos de mercado. A menudo los programas de interdicción combinan aplicación de la ley y actividades de control militar. La provisión de equipo militar y entrenamiento – y el todavía creciente papel de las fuerzas militares estadounidenses- han conducido a lo que se ha llamado la « militarización » de las políticas de drogas, y por tanto « la guerra a las drogas ». El conocido como « Efecto globo » se refiere al proceso por el cual acciones de aplicación de la ley crecientes en un área resultan en la desviación del tráfico o la producción hacia otra, desplazando el objetivo pero no generando los cambios duraderos deseados.

En 2010, la ONUDD informaba que el más alto nivel de incautaciones de cocaína (y sus derivados) sucedió en América del Sur, suponiendo el 52 por ciento del total mundial. Las incautaciones en América del Norte supusieron otro 25 por cierto del total. En contraste, América del Sur sólo registró un 3 por ciento en incautaciones globales de heroína de morfina y sólo un 0.005 por ciento en incautaciones de opio. Los Estados Unidos se han enfocado principalmente en la reducción de la oferta a la hora de abordar el problema mundial de las drogas y la mayoría de sus fondos ofrecidos han sido para implementar programas de erradicación y de interdicción en países productores.

Ver:

Violencia relacionada con el tráfico de drogas

Aunque es precise mucha más investigación sobre los vínculos entre el mercado de drogas y la violencia, altas tasas de homicidios en algunos países latinoamericanos están vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La violencia asociada con el mercado de drogas afecta tanto a los países productores como de tránsito.

Las respuestas de línea dura desarrolladas por varios gobiernos también pueden generar violencia, exacerbando la situación. A pesar de que el Ejército mexicano se encargó durante largo tiempo del control de las drogas ilícitas, en 2006 el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado e incrementó el papel del Ejército, particularmente patrullando las calles. Con el fuerte apoyo del gobierno estadounidense bajo la iniciativa Mérida, Calderón comenzó la militarización a gran escala para luchar contra las organizaciones de tráfico de drogas. Esta creciente militarización del país ha resultado en más de 70,000 muertes; 25,000 desapariciones forzadas y cientos de miles de personas desplazadas debido a la violencia. Las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra civiles fueron extensivamente reportadas. La captura o muerte de traficantes de alto nivel resultó en mayor violencia debido a que operadores de menor rango comenzaron a buscar su luchar por ocupar su poder.

Las organizaciones de tráfico de drogas han probado su experticia en adaptarse a las diferentes estrategias policiales y militares y son a menudo más innovadoras que estas fuerzas de seguridad. Debido a la presión desde los ámbitos de aplicación de la ley, las organizaciones de tráfico de drogas se han expandido o han movido sus operaciones a países vecinos en Centroamérica, los cuales tienen instituciones más débiles y están menos preparados para enfrentarse con el incremento del tráfico de drogas.

Varios países en América Latina, incluido Brasil, han sufrido durante largo tiempo violencia urbana asociada con el tráfico de drogas y están buscando activamente formas de mitigar la violencia a través de las policías comunitarias y del incremento de programas sociales. Ambas iniciativas han obtenido algunos resultados, pero también han sido criticadas por la falta de una implementación de

Sistema de justicia criminal

El sistema de justicia criminal en América Latina relacionado con las penas de drogas, por producción, tráfico y uso, continúa adoleciendo de recursos básicos y ha resultado en el mayor debilitamiento de las ya débiles instituciones en la región. Un tema prioritario es la falta de proporcionalidad en las sentencias por temas relacionados con drogas, ya que las líneas fronterizas entre posesión para uso personal y tráfico de drogas, son borrosas o no existen. Además, hay una falta de jerarquía para penas de drogas, el rango o la posición en las redes de tráfico de la persona acusada, falta de distinción entre delitos violentos y no violentos o distinción entre diferentes tipos de drogas.

Las penas duras de drogas han conducido a una masiva sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas y violencia en las prisiones de América Latina. En la última década en Brasil, la población carcelaria se duplicó de 233,000 a 473,000 internos, debido en parte a la ley de 2006, que incrementaba las penas para los traficantes a pequeña escala. Condiciones inhumanas y una seguridad ineficiente en las prisiones han resultado en incendios y masacres, incluido el incendio de Febrero de 2012 en Honduras que mató a 350 internos, y la masacre en México en el mismo mes que resultó en la muerte de 44 reclusos y la fuga de 36 miembros del crimen organizado. En la práctica, las bandas gestionan varias prisiones en América Latina, con guardias sirviendo como seguridad tangencial y para transportar a los prisioneros a la corte.

Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, (CEDD).

Las cortes de drogas están siendo hoy consideradas por los gobiernos de la región (y ya son una práctica en Chile), en particular en México, para referir a personas dependientes hacia programas de tratamiento. Sin embargo la evidencia sobre las cortes de drogas muestra que tales mecanismos pueden tener un impacto negativo en los usuarios de drogas, en particular conduciendo a la criminalización de los usuarios, suspendiendo sus derechos al debido proceso y dejando el acceso a a programas de tratamiento sobre drogas en manos de las cortes, en vez de abordando la dependencia de drogas desde una enfoque de salud. (Las Cortes de Drogas: Los alcances y retos de una alternativa a la prisión)

Salud Pública

El principal tema de salud pública al que hace cara América Latina con respecto al uso de drogas es la falta de acceso a tratamiento de calidad y basado en evidencias. Los centros de tratamiento están a menudo basados en la comunidad, sin adecuada supervisión, regulación y resultados. Los centros de calidad solo están disponibles para personas de altos ingresos, dejando a las personas de bajos recursos con pocas opciones para sus tratamientos de dependencia. El tratamiento forzado es preocupantemente habitual.

Alrededor de 1.6 millones de personas viven con VIH en América Latina. En Argentina, el uso de drogas inyectadas ha sido una gran vía de expansión del VIH, con una prevalencia del 50 por ciento de personas que se inyectan drogas. Lo mismo sucede en Brasil, donde el 48 por ciento de los usuarios de drogas inyectables viven con VIH. La cocaína y sus derivados son  las drogas más comúnmente inyectadas, con un pequeño porcentaje de la población que se inyecta heroína. Los usuarios de cocaína hacen frente a mayores riesgos de infección con VIH porque se inyectan más frecuentemente que los usuarios de heroína. Se cree que los niveles de infección de Hepatitis C en la región alcanzan el 69 por ciento entre los usuarios de drogas inyectables en Brasil y el 96 por cierto en México. Un reciente estudio (El informe mundial de las drogas de la ONU de 2011) sobre usuarios de drogas en entornos carcelarios en México indicaba que el 92 por ciento se inyectaban y que la mitad de ellos combinaba heroína y cocaína, en lo que es comúnmente conocido como “speedball”.

Las políticas de reducción de daños están relativamente subdesarrolladas en América Latina. El único país en la región que tiene programas de intercambio de agujas y jeringuillas (NSP) y tratamiento de sustitución con opiáceos es México, mientras que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen programas de NSP. Varios de estos programas tienen muy baja cobertura y necesitan urgentemente un incremento.

Recursos clave.

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