Países
La región de América Latina del IDPC cubre los países siguientes:
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
Perfil regional
Los índices de desigualdad en América Latina están entre los más altos del mundo; el 10 por ciento más rico de la población gana el 41 por ciento de la renta total y el 10 por ciento más pobre, apenas el 1 por ciento. La reducción de la pobreza se ha estancado y en la región sigue habiendo 47 millones de personas –más del 8 por ciento de la población– que vive en la pobreza extrema.
Aunque América Latina es conocida sobre todo como ‘fuente’ de drogas ilícitas, los problemas relacionados con su consumo están aumentando en toda la región. La droga ilegal que más se consume es el cannabis, aunque el consumo de cocaína (inyectada, inhalada o fumada) también ha aumentado en la mayoría de países. La heroína se consume en el norte de México y, en menor medida, en Colombia, pero su uso es poco habitual en el resto del continente. El consumo de sustancias legales como el alcohol, los opiáceos y otros productos farmacéuticos también representa un creciente problema sanitario.
El uso de drogas por vía intravenosa está relacionado con el contagio de VIH en Argentina, Brasil, el norte de México, Paraguay y Uruguay, mientras que el uso de drogas por otras vías constituye un factor de riesgo para el contagio de VIH y VHC, como lo demuestra la mayor prevalencia de VIH entre los consumidores de cocaína por vía no inyectada con respecto al resto de la población.
En lo que respecta a las políticas para la reducción de la demanda, la mayoría de los programas destinados a consumidores de drogas están basados en la abstinencia y tienen un escaso nivel de cobertura. Las estrategias de reducción de daños son aún poco sistemáticas, tienen una orientación limitada y no se están ampliando.
En este contexto de gran desigualdad social, diferencias de renta y pobreza, los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas ilícitas (los consumidores, los correos o ‘mulas’ y los pequeños traficantes) padecen de forma desproporcionada los efectos negativos de las políticas de control de drogas (exclusión social, encarcelamiento, violencia y constante violación de sus derechos humanos). Son especial motivo de preocupación las duras leyes antidroga que llevan al encarcelamiento masivo de personas acusadas de delitos de consumo y pequeño tráfico a las que se les imponen penas exageradamente altas. Este fenómeno ha desembocado en graves problemas de superpoblación penitenciaria en muchos países.
La región andina es la principal fuente de oferta mundial de cocaína. Las hojas de coca, el ingrediente clave para producir cocaína, se cultivan en Bolivia, Perú y Colombia. Los países de América Latina y el Caribe sirven como rutas de transporte de drogas ilícitas hacia los países del Cono Sur, Europa y los Estados Unidos.
Influencia del Gobierno estadounidense
Muchos Gobiernos se hallan sometidos a una importante presión por parte del Gobierno estadounidense para que sigan su política de ‘guerra contra las drogas’. Las políticas que la acompañan, basadas fundamentalmente en la oferta, han generado muchas consecuencias negativas. Las iniciativas de erradicación forzosa de los cultivos de los pequeños campesinos de coca y adormidera suscitan una especial preocupación, ya que exacerban la pobreza y la inseguridad alimentaria, y desembocan en violaciones de los derechos humanos, malestar social, violencia e inestabilidad política. Las fumigaciones áreas también generan inquietud por sus graves repercusiones sanitarias y medioambientales.
A escala regional, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos, ha puesto en marcha recientemente una revisión de su estrategia y plan de acción continental de lucha contra las drogas, sin actualizar desde 1998.
El IDPC y sus organizaciones miembro y asociadas en América Latina se mantendrán en contacto con Gobiernos, organismos regionales y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de respaldar el desarrollo de políticas y programas que fomenten políticas de drogas más eficaces y humanas.
