Presentación

Como árbitro independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas, la Junta Internacional de Fiscalizaciójn de Estupefacientes (JIFE) debe someterse a la rendición de cuentas de sus actividades. Organizaciones de la sociedad civil han pedido repetidamente a la JIFE que, junto con otras agencias de Naciones Unidas, asuma un papel progresivo y constructivo a la hora de liderar el debate entre los estados miembros sobre políticas de drogas apropiadas para los mercados de drogas del Siglo XXI.

Vea nuestra página de monitoreo de la JIFE 


Preocupaciones clave sobre la JIFE

El fracaso de la Junta de facilitar un debate constructivo sobre políticas de control de drogas, y el cumplimiento simplista del modelo tradicional de control de drogas, ha hecho emerger cuatro preocupaciones clave con respecto a sus actividades:  

Cultura de secretismo

La Junta opera en una nube de secretismo, por ejemplo, todas las misiones, comunicaciones y cartas de la Junta (que llegan a ser miles cada año) son confidenciales. No se permiten observadores en las reuniones de la JIFE y no hay minutas disponibles, ni siquiera para los estados miembros. La JIFE carece de mecanismos de rendición de cuentas y se ha convertido, sin dudas, en el organo menos transparente y más impenetrable del sistema de la ONU. El secretariado de la JIFE a menudo ha argumentado que su estatus único en el sistema de la ONU le permite operar de esta manera. De hecho, hay varios organismos mandatarios de la ONU con papeles similares, que se apañan para operar de forma más abierta, y en mayor cooperación con los estados miembros.  La JIFE necesita convertirse en un órgano más transparente,  sensible a las preocupaciones de los estados miembros y de actores de la sociedad civil, y que ayude a los creadores de políticas públicas a sobrellevar el rumbo de los complejos retos políticos a los que hacen frente. Leer más.

Interpretación legal imprecisa de las convenciones de control de drogas

Como se refleja en sus informes anuales y en las cartas privadas a gobiernos nacionales, la JIFE sostiene una interpretación legal muy rígida de las convenciones que no es compartida por otras entidades de la ONU y expertos legales. Actuando como un guardian inflexible de lo que interpreta como el “espíritu de las convenciones” la JIFE genera tensiones con algunos estados miembros y con otras secciones del sistema internacional de control de drogas. Por ejemplo, esto sucedio cuando Bolivia abandonó la convención de 1961 y solicitó la readmisón con una reserva sobre la prohibición del masticado de hoja de coca, actuó acatando la convención de 1961. Aunque la Junta reconocio que las acciones de Bolivia estaban “permitidas técnicamente” condenó a Bolivia por actuar contra el “objeto y el espíritu fundamental” de la convención de 1961. Leer más.

Enfoque selectivo

El IDPC y sus miembros han expresado repetidamente preocupaciones sobre el silencio relativo de la Junta en situaciones en las que las actividades de control de drogas entran en conflicto con los estándares internacionales sobre salud y derechos humanos. Sin embargo, la Junta actúa a la hora de condenar actividades que no amenazan significativamente la salud y los derechos humanos, por ejemplo en el caso de Bolivia y el masticado de hoja de coca. La junta necesita implementar una visión más equilibrada de lo que suspone una amenaza para la implementación de las convenciones, y adoptar un enfoque más cooperante  y constructivo en la respuesta a las reformas adoptadas por los estados miembros. En situaciones en las que los estados miembros están vulnerando los estándares de derechos humanos en el nombre del control de drogas, la Junta debería implicarse para hacer frente a estas violaciones. Para ver un ejemplo de las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil en este tema, lea la carta a la JIFE sobre imposición de la pena de muerte por delitos de drogas.

Conflicto con la OMS

Recientemente la JIFE se ha excedido en su mandato ofreciendo consejos no solicitados sobre clasificación de sustancias a los estados miembros. Esto resulta especialmente problemático porque en todos estos casos las recomendaciones de la Junta contradicen los consejos de la OMS, el órgano de la ONU que tiene el mandato y la responsabilidad de ofrecer consejo técnico y científico sobre temas de clasificación a los estados miembros. Vea La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes: Tensiones Actuales y Opciones de Reforma, Nota Informativa del IDPC número 7, para un análisis detallado.