El actual sistema global de fiscalización de drogas se basa en tres convenciones internacionales:

  • La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), unificó y reemplazó toda la legislación sobre fiscalización de drogas precedente y constituye el fundamento del actual sistema. Estableció un sistema universal para limitar el cultivo, producción, distribución, comercio, posesión y uso de sustancias estupefacientes para propósitos médicos y científicos, con un enfoque específico en las sustancias derivadas de plantas: opio, heroína, coca, cocaína y cannabis.

  • El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 amplió el control internacional para incluir más de 100 sustancias sintéticas. El control impuesto sobre estas sustancias es menos estricto que el impuesto por la Convención de 1961.

  • La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 fue adoptada para responder al enorme aumento en la demanda y oferta de sustancias controladas para usos no médicos, y el rápido crecimiento de un lucrativo mercado negro ilegal. La convención ofrece medidas especiales de aplicación de la ley y refuerza la obligación de los países de imponer sanciones penales a nivel doméstico para frenar la producción y el tráfico de drogas, pero también permite cierta flexibilidad a los estados miembros para lidiar con el uso de drogas.

Estos tratados cuentan con una amplia adhesión; siendo 184 los estados que son parte de la primera convención, 183 de la segunda y 189 de la tercera (en julio de 2014).

En este momento, están aumentando las peticiones de reforma de estas convenciones, las cuales fueron escritas hacer varios años y ya no reflejan las realidades del problema de las drogas; por ejemplo, las convenciones son anteriores a la propagación del VIH entre las personas que se inyectan drogas y a la emergencia reciente de nuevas sustancis psicoactivas, mientras algunas jurisdicciones están incluso moviéndose hacia la regulación legal del cannabis. Sin embargo, varios estados miembros prevalecen claramente reluctantes a considerar la reforma de estos documentos, declarando que se mantienen adecuados a los objetivos del S.XXI.

Hasta cierto punto, esta reluctancia refleja cuan dificil sería lograr un consenso global significativo en alguna convención o tratado nuevo, así como el hecho de que la política de drogas continúa siendo un tema sensible. Como en la mayoría de los acuerdos internacionales, también hay una miriada de interpretaciones diferentes sobre las convenciones: mientras algunos países aplican la pena de muerte por posesión de drogas, otros países han eliminado las sanciones penales para este delito, y aun así todas las partes dicen adherirse a las tres convenciones. Como resultado, los estados miembros y los líderes de la ONU tienen una tendencia a enfocar todos los debates de política de drogas considerando que las convenciones existentes son sacrosantas e inmutables en todos sus detalles. No obstante, como en cualquier otro instrumento legal, las convenciones de drogas deben estar sujetas a revisión y a modernización para adaptarse a las actuales situaciones y retos.

Otro tema de preocupación es el fracaso de las convenciones a la hora de asegurar que las sustancias controladas internacionalmente esten disponibles para propósitos médicos y científicos. La experiencia ha demostrado que las interpretaciones restritivas de los tratados por parte de los gobiernos y de las agencias de la ONU ha resultado en un deficiente acceso a medicamentos esenciales, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. Esto ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a hacer recomendaciones contra la clasificación de determinadas sustancias (tales como la ketamina, un anestésico usado extensamente en países en desarrollo) debido a la preocupación de que esto pudiera restringir su disponibilidad para fines médicos.

La UNGASS de 2016 sobre drogas puede ser una oportunidad importante para llevar a cabo una revisión objetiva y técnica de las convenciones, sin presiones políticas, ideológicas o diplomáticas. El IDPC ofrecerá consejo técnico y experto sobre este asunto a través de una serie de notas de incidencia y documentos informativos para posibilitar avances constructivos.