El actual sistema global de fiscalización de drogas se basa en tres convenciones internacionales: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Estos tratados cuentan con una amplia adhesión; en julio de 2007, 183 Estados eran parte de la primera y segunda de las convenciones, mientras que 182 lo eran de la tercera.

El futuro de las convenciones

Aunque este conjunto de tratados internacionales se concibió y se adoptó hace muchos años (han pasado más de dos décadas desde que entró en vigor la última convención), los Estados miembro y los organismos internacionales son reacios a plantear si siguen siendo ‘adecuados a su fin’ en el contexto de las circunstancias y los desafíos del siglo XXI. Esta renuencia es, en cierta medida, comprensible, ya que alcanzar un consenso global sobre una cuestión políticamente tan delicada era algo inaudito en aquella época. La ruptura de ese consenso conllevaría riesgos reales. Por ese motivo, los Estados miembro y los altos cargos de la ONU tienden a abordar todos los debates sobre políticas de drogas partiendo de la premisa de que no se puede cambiar ni una coma de las convenciones existentes. Sin embargo, el IDPC opina que las convenciones deberían ser objeto de un proceso normal de revisión y modernización, como cualquier otro ámbito normativo complejo y en constante cambio. Así pues, es lamentable que toda organización que aboga por una revisión de este tipo sea acusada de intentar acabar con el sistema y tildada de ‘defensora de las drogas’.

Mantener esta postura se hace cada vez más difícil, ya que cada vez está más claro que hay incoherencias técnicas sin corregir en las convenciones, que hay importantes diferencias en la interpretación de su significado o ‘espíritu’ y que el carácter y la escala de los problemas mundiales relacionados con las drogas han cambiado enormemente desde que se adoptaron. Lo que se necesita es una revisión objetiva y técnica del funcionamiento de las convenciones, que se lleve adelante sin tomar posturas políticas o diplomáticas. El IDPC examinará los actuales puntos problemáticos en los distintos documentos y elaborará análisis y recomendaciones para seguir avanzando de forma constructiva.