Las personas usuarias de drogas suelen ser más vulnerables a una serie de daños, incluyendo los causados por virus que se transmiten por vía sanguínea y sexual como el VIH, o la hepatitis B y C. Compartir los instrumentos de inyección constituye una vía de contagio tremendamente eficaz, y ello ha dado como resultado la rápida propagación de la epidemia en muchos países entre personas que se inyectan drogas.

Se estima que hay unos 15.9 millones de personas que se inyectan drogas en 158 países en todo el mundo. Hasta el 10 por ciento de todos los contagios de VIH ocurren a través de la inyección de drogas, lo cual significa que, en todo el mundo, podría haber hasta 3.3 millones de personas que se inyectan drogas viviendo con VIH. Los grupos especialmente vulnerables al VIH incluyen: mujeres, jóvenes, trabajadores del sexo, nuevos usuarios de drogas inyectables, y prisioneros.

En algunos lugares, como en gran parte de Europa occidental, así como en Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia del contagio de VIH entre quienes se inyectan drogas se mantiene por debajo del 5 por ciento (leer más). En el otro extremo, en países como Argentina, Brasil, Estonia, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nepal y Tailandia, la prevalencia de la infección por VIH ha llegado al 40% o más entre personas que se inyectan drogas. También hay evidencias de una relación entre el uso de drogas por vías distintas a la inyección, como fumar crack de cocaína, y la transmisión sexual del VIH: este fenómeno ha sido detectado en el Caribe, los Estados Unidos y América Latina.

El término “reducción de daños” alude a políticas y programas orientados a mitigar los daños de salud, sociales y económicos asociados al consumo de sustancias controladas. El concepto de reducción de daños se encuentra bien enraizado en los fundamentos tanto de salud pública como de derechos humanos, y adopta un enfoque pragmático y carente de juicios morales para abordar los problemas asociados con el consumo de drogas. De manera significativa, la reducción de daños involucra el reconocimiento de que la reducción general de la escala de los mercados de drogas y del consumo de estas sustancias no constituyen el único ni el más importante objetivo de las políticas de drogas. Por lo tanto, las personas y las comunidades deben recibir la información y las herramientas necesarias para limitar los riesgos asociados al consumo de drogas.

Varias intervenciones corresponden a la categoría de reducción de daños. Éstas incluyen la difusión de información sobre cómo reducir los riesgos asociados al uso de drogas (a menudo mediante actividades de comunicación entre pares), la provisión de servicios que mejoren la seguridad de las personas que consumen drogas (como los programas de intercambio de agujas y jeringuillas, y espacios más seguros para inyectarse drogas), y todo un conjunto de tratamientos de farmacodependencias (incluyendo tratamientos médicos de sustitución para la dependencia de los opiáceos, intervenciones psicosociales o grupos de ayuda mutua). Los enfoques de reducción de daños también persiguen identificar y propugnar cambios en las leyes, normativas y políticas que aumentan los daños, o que bloquean la introducción o la eficacia de intervenciones para reducirlos y de servicios sanitarios destinados a personas que consumen drogas.

Fue durante la década de 1980 que las comunidades y una serie de gobiernos empezaron a adoptar enfoques de reducción de daños, para responder a la creciente epidemia del VIH entre los grupos usuarios de drogas. Actualmente, la reducción de daños cuenta con el apoyo de 93 países y territorios en todos los continentes.

Pese a este difundido reconocimiento del concepto de reducción de daños, el término sigue generando controversia en ciertos foros internacionales. El concepto cuenta con respaldo y apoyo por parte de una serie de agencias internacionales que brindan asistencia técnica y financiera a gobiernos y a la sociedad civil para impulsar iniciativas de reducción de daños en todo el mundo. Entre estas entidades figuran ONUSIDA y el Consejo de Derechos Humanos.

Sin embargo, en el seno de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, no hay consenso sobre este concepto en tanto el término fue omitido de la Nueva Declaración Política sobre Drogas de la Década, emitida en 2009. Veintiséis países hicieron constar su desacuerdo hacia esta omisión, emitiendo una declaración en la cual indicaban que interpretarían el término “servicios de apoyo conexos”, que sí aparece en el documento, como sinónimo de reducción de daños. En marzo de 2010, tras considerable debate, la CND rechazó una vez más la inclusión del término de reducción de daños en su resolución sobre acceso universal a servicios sobre VIH. Otros organismos, especialmente la JIFE, se han mostrado y se siguen mostrando muy restrictivos en lo que se refiere a la interpretación del término y la legalidad de algunas de sus prácticas. La ONUDD, por otro lado, ha intentado extender el uso del término para que abarque también medidas de aplicación de la ley y, al entenderlo de forma demasiado amplia, ha hecho que prácticamente pierda todo sentido.