Las plantas de donde proviene la materia prima para la producción de opio, heroína, morfina y cocaína son cultivadas predominantemente por agricultores de subsistencia en algunas de las regiones más subdesarrolladas del planeta. Estas zonas son usualmente el escenario de continuos conflictos armados e inestabilidad política. Los intentos tradicionales para contener el flujo de drogas procedente de tales zonas se han concentrado en la erradicación forzada de cultivos como la amapola y el arbusto de coca. Ello ha llevado a efectos de desplazamiento: en respuesta a medidas represivas, los agricultores simplemente han mudado sus cultivos a zonas nuevas y más remotas, lo cual a menudo ha producido daños ambientales. Entre los grandes problemas resultantes de estas medidas se cuentan también la migración forzada, la pobreza, la hambruna y la exacerbación de los conflictos armados. Mientras tanto, los campos de amapola y coca siguen floreciendo.

Una alternativa a este enfoque represivo involucra estimular a que los agricultores se dediquen a cultivos alternativos. Originalmente concebidos como simples programas para la sustitución de cultivos (se animaba u obligaba a los agricultores a dedicarse a un cultivo lícito, en lugar de la amapola o la coca), la experiencia ha demostrado que es indispensable una concepción más amplia del concepto para que el proceso resulte efectivo y sostenible. Este enfoque es usualmente llamado “desarrollo alternativo”. En el curso de la última década, se han producido considerables avances en la comprensión del impacto y las lecciones aprendidas a través del desarrollo rural en zonas donde se cultivan la amapola y la coca. La experiencia indica que el desarrollo alternativo puede abordar las necesidades de las comunidades rurales enfocadas, y contribuir a una reducción de los cultivos ilícitos.

Un efectivo desarrollo alternativo involucra integrar imperativos del control de drogas en la agenda global de desarrollo, la cual cumple con el principio de coherencia de todo el sistema. Las secuencias del proceso deben además ser programadas adecuadamente. Ello significa que, para permitir que los agricultores y sus familias acaben con su dependencia respecto al cultivo de drogas ilícitas, en primer lugar debe cumplirse una serie de provisiones: por ejemplo, crédito y financiamiento, seguridad y protección, sistemas de caminos y transporte que permitan que los productos lleguen al mercado, etc. (Debe advertirse que los traficantes de drogas ya proveen muchos de estos servicios a los pequeños agricultores: protección con armas, provisión de semillas, o créditos). En aquellas regiones donde la presencia del Estado se limita a la destrucción de cultivos o al pago de “impuestos” para evitarla, las medidas de desarrollo alternativo tienden a fracasar. Para que el desarrollo alternativo funcione, es necesario contar con gobernabilidad, así como con servicios sociales, de salud y de educación.

El IDPC sostiene que la asistencia al desarrollo no debe supeditarse a la reducción de cultivos ilícitos; que no deben realizarse actividades de erradicación a menos que las familias de los pequeños agricultores hayan adoptado medios de subsistencia viables y sostenibles; y que las secuencias de las intervenciones deben ser adecuadamente programadas. Las organizaciones de productores deberían contar con el debido reconocimiento, y participar en los debates y la toma de decisiones a todo nivel, junto con sus propios gobiernos, las agencias donantes y la ONU. Las intervenciones deben ser consistentes con los objetivos de protección a los derechos humanos, resolución de conflictos, mitigación de la pobreza, seguridad humana, y respeto por las culturas y valores tradicionales.