El sistema internacional de derechos humanos está conformado por las siguientes entidades de derechos humanos:

  • El Consejo de Derechos Humanos: Establecido en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, es el principal organismo político encargado de los derechos humanos en la ONU. El Consejo se reúne al menos durante tres semanas, tres veces al año, y presenta sus informes ante la Asamblea General. El Consejo también está a cargo del Examen Periódico Universal, mediante el cual cada Estado miembro de la ONU debe informar a los demás Estados sobre cómo ha implementado sus obligaciones en materia de derechos humanos.
  • Los Procedimientos Especiales: El Consejo de Derechos Humanos puede establecer entidades independientes de expertos o nombrar funcionarios encargados, con mandatos sobre países específicos o temas concretos. Entre estos figuran el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, el Relator Especial sobre la Tortura, etc.
  • La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Es un departamento que, al igual que la ONUDD, forma parte de la Secretaría de la ONU y que se encarga de asistir a los países en relación a la implementación de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y de integrar la perspectiva de los derechos humanos al sistema de la ONU.
  • Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos: Éstos son comités independientes establecidos a partir de los acuerdos sobre derechos humanos de la ONU para supervisar su implementación y prestar asistencia en la interpretación de sus dispositivos.

Aunque todos los tratados de derechos humanos son relevantes para las políticas de drogas, muy pocos de ellos se refieren específicamente al tema. De hecho, la implementación de la legislación de derechos humanos a políticas sobre drogas, y la consideración del control de las drogas como un área temática de interés para los derechos humanos, son acontecimientos relativamente recientes. Tradicionalmente, estas áreas de la legislación y las políticas han sido consideradas como entidades virtualmente ajenas entre sí, lo que llevó al ex Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, Profesor Paul Hunt, a describirlas  como “universos paralelos”.

Las intersecciones entre políticas de drogas y derechos humanos son, sin embargo, numerosas. En la actualidad, los abusos a los derechos humanos como resultado de la aplicación de las políticas de drogas están bien documentados en todo el mundo, e incluyen:

  • La violación del derecho a la vida mediante el uso de la pena de muerte o asesinatos extrajudiciales por delitos de drogas;
  • La violación del derecho a verse libres de tortura y de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, mediante la detención arbitraria de personas usuarias drogas y otros abusos perpetrados en nombre del tratamiento por dependencia a las drogas;
  • La violación del derecho a la salud, debido a la restricción del acceso a medicinas esenciales, incluyendo metadona para tratar la dependencia a las drogas; 
  • La negación de derechos económicos y sociales, debido a campañas para la erradicación forzada de cultivos;
  • La violación al derecho de verse libres de discriminación, mediante la aplicación de legislación discriminatoria sobre drogas contra minorías étnicas, grupos indígenas, jóvenes y mujeres.

En 2008, la Asamblea General de la ONU declaró: “La acción contra el problema mundial de las drogas (…) exige un planteamiento integral y equilibrado en plena conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional, y en particular con el pleno respeto de (…) todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Pese a esta declaración, tradicionalmente ha existido una saltante inconsistencia en la ONU respecto a la interrelación entre derechos humanos y políticas sobre drogas. Mientras que las agencias de la ONU encargadas del control de drogas han tendido a ignorar los principios de derechos humanos en sus esfuerzos por lograr una “sociedad sin drogas”, las entidades de derechos humanos han prestado escasa atención a temas relacionados con políticas de drogas. Tal situación está mejorando poco a poco, en tanto las agencias de derechos humanos de la ONU, como el Relator Especial sobre la Tortura, y el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, están empezando a apelar a los gobiernos para que no amenacen los derechos humanos en nombre de políticas de control de drogas. Sin embargo, las agencias de la ONU para el control de drogas se mantienen reticentes aún a incluir la dimensión de los derechos humanos en sus políticas y programas.

El IDPC trabaja para generar mayor atención, tanto hacia políticas de drogas entre las agencias pertinentes de derechos humanos, como hacia temas de derechos humanos dentro del sistema de control de drogas. El IDPC funciona como un punto focal para la comunicación en el campo de los derechos humanos.