Las políticas y actividades deberían perseguir el fomento de la integración social de grupos marginalizados y no centrarse en medidas punitivas con respecto a ellos

Esta sobradamente documentado que la dureza de las condiciones de vida, y los traumas y dificultades emocionales asociados, son importantes factores en el desarrollo de problemas de drogas. Gran parte del trabajo de los departamentos y organismos de asuntos sociales de los gobiernos nacionales y agencias internacionales se centra en mejorar las condiciones de vida de grupos pobres y marginalizados, y en integrarlos más en la corriente social y económica dominante. No obstante, muchos aspectos de las políticas de control de drogas han tenido el efecto contrario sobre los consumidores de drogas y comunidades campesinas que producen drogas ilícitas. Por ejemplo, la estigmatización y la condena del consumo de drogas limita su capacidad para participar en la actividad social y económica, y castigar a jóvenes que consumen drogas suele derivar  en su exclusión de educación o empleo. Las pruebas empíricas demuestran que los programas que se centran en arrestos y duras sanciones penales hacia los consumidores de drogas tienen un escaso efecto de disuasión.

El IDPC promueve políticas que desafían la marginalización y la estigmatización sociales de las personas y grupos en mayor situación de riesgo. Los programas de aplicación de las leyes, de prevención y de tratamiento deberían incluir una dimensión social:

  • Las leyes de drogas deberían evitar las medidas que exacerban la marginalización de los consumidores de drogas y los cultivadores, y centrarse en animarlos a participar en programas de reinserción y desarrollo alternativo. La dependencia a las drogas debería ser considerada como un problema de salud, y no como un crimen.
  • Los programas de prevención y educación se deberían elaborar cuidadosamente para evitar procesos que impidan a los consumidores dependientes de drogas seguir una transición sana hacia la edad adulta (como la exclusión de la escuela o la negación de servicios).
  • Los programas de tratamiento de dependencia de las drogas se deberían centrar en facilitar que los consumidores dependientes se reintegren plenamente en la comunidad.
  • El diseño de las políticas y los programas de drogas deberían de contar con la participación de representantes de los grupos más afectados por ellos, como consumidores de drogas y cultivadores.

Este enfoque necesita que se adopten políticas sociales, económicas y sanitarias más generales. Los niveles de pobreza, desigualdad y cohesión social tienen un mayor impacto a largo plazo sobre la prevalencia del consumo de drogas y los problemas relacionados con éste en cualquier sociedad que las políticas nacionales de drogas concretas. Si la prioridad de un gobierno consiste en reducir el nivel general de dependencia de las drogas, lo mejor que puede hacer es centrarse en abordar estos grandes retos en materia de políticas sociales en lugar de ahondar la exclusión social a través de políticas severas.