Países que lo componen

Para los propósitos del trabajo regional del IDPC, el Caribe incluye los siguientes países: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bonaire, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Dominica, la República Dominicana, La Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Eustaquio y Montserrat, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Martín, San Vicente and las Granadinas, Surinam, Trinidad and Tobago, Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Situación de drogas

Producción

El Caribe produce relativamente pequeñas cantidades de cannabis, especialmente hierba, el cual se consume casi en su totalidad al interior de la región. Jamaica es el principal productor y exportador de la región, aunque su producción ha disminuido en la última década. (Leer más)

Tráfico

Durante la década del 70 el Caribe fue una importante zona para el tráfico de cocaína que en esa época se producía principalmente en Colombia. Los vínculos de la región con los Estados Unidos y con Europa occidental, sumados a una línea costera que es extensa y sólo monitoreada esporádicamente, propiciaron las condiciones necesarias para que los traficantes de cocaína expandieran su mercado a lo largo de la década de los 80s. Se estima que la región fue usada para pasar aproximadamente el 10% de la cocaína dirigida a los Estados Unidos usando lanchas rápidas, contenedores de carga o embarcaciones privadas de pesca. `Narco aviones´ (aviones ligeros que transportan drogas) también son utilizados con frecuencia para el tráfico de cocaína a través de la región. El Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana estima que en 2007 al menos 200 aviones sobrevolaron el país arrojando miles de kilos de cocaína. Las Bahamas siguen siendo un lugar de tránsito importante para el cannabis que viene de Jamaica y la cocaína de Sur América.       

La ruta del Caribe hacia el sur de la Florida continua activa aunque actualmente es menos usada que la ruta que pasa por Centro América y México. Aunque el tráfico de drogas se ha reducido en gran parte de la región en los últimos años, la República Dominicana constituye una excepción a esta tendencia. Después de una disminución a principios del Siglo 21, el país ha registrado un aumento en las incautaciones de cocaína entre 2005 y 2010 por lo que conserva su importancia como ruta de paso de la cocaína que viene del sur con dirección tanto al norte del continente como a los mercados europeos. Hay también evidencias de que las rutas de tráfico se han desplazado a las pequeñas naciones insulares de la Organización de Estados del Caribe Oriental, incluyendo Santa Lucía, Monserrat, Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Santa Lucía es un vector de la cocaína de Sudamérica a Martinica en ruta hacia Francia y posteriormente al resto de Europa. Las Antillas Holandesas también han experimentado un aumento en el número de viajeros transportando cocaína y heroína hacia los Países Bajos.

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Consumo

Cannabis es la sustancia más consumida en el Caribe, con altas tasas de uso a lo largo de la región. Con la expansión del mercado de cocaína en los 80 y la localización de la región en su ruta de transbordo, la región experimentó un rápido aumento del uso problemático de la cocaína, especialmente de `crack`, un derivado de ésta que se fuma. El uso de otras drogas es relativamente bajo y la inyección de drogas es extraño en la región, a excepción de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, donde existen cerca de 15.000 personas que se inyectan drogas, principalmente opiáceos, aunque la inyección de `speed balls` (cocaína y heroína) es común en la República Dominicana.

Un reciente estudio sobre el consumo de drogas entre estudiantes mostró que los niveles más altos de uso de cocaína se encuentran en Guyana, Haití y Jamaica. 

El único país del Caribe con una población que se inyecta opiáceos es la República Dominicana. Como en Rusia, la Terapia de Substitución de Opiáceos (TSO) no está disponible en este país donde tampoco hay Programas de intercambio de Agujas y Jeringas (PAJ). Muchas de las personas que usan drogas son `deportadas` de los Estados Unidos que contaron con la oportunidad de estar en programas de metadona antes de ser enviados de regreso. La falta de TSO y de una adecuada distribución de jeringas esterilizadas continúa contribuyendo con la epidemia de VIH en ese país.

Políticas regionales de drogas  

Reducción de la oferta

Los países del Caribe son conocidos por sus extensas costas y muchos carecen de la capacidad de patrullarlas y de imponer el necesario cumplimiento de la ley en sus vastas aguas territoriales, que a menudo son usadas para el tráfico de drogas. La dificultad a la hora de  detectar  lanchas de alta velocidad con drogas se ha convertido en un reto en la región así como lo es el uso de pequeños aviones que lanzan paquetes de cocaína en las islas. En un intento por contrarrestar el uso de estos `narco aviones`, en 2009 la Republica Dominicana adquirió ocho `Súper Tucanos` brasileros. Estos son aviones turbohélice monomotor agiles y rápidos. Los informes de la Fuerza Aérea sostienen que los vuelos con droga desde América del Sur a la zona han disminuido considerablemente y muchos ya ni siquiera entran en el espacio aéreo de la isla.

Los Estados Unidos han prometido ayuda técnica y financiera a la región en un esfuerzo por detener el tráfico de drogas en el Caribe. La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI por sus siglas en inglés) fue lanzada por el Presidente Obama en 2009, diseñada para armar y entrenar las fuerzas del orden locales, así como con el fin de mejorar la infraestructura y sensibilizar a la comunidad sobre el tráfico de drogas en la región. Las promesas de donaciones directas y la ayuda financiera no han satisfecho las expectativas de los países receptores.

El 10º  Fondo Europeo de Desarrollo (EDF por sus siglas en inglés) ha destinado casi 10 millones de euros en ayuda directa en efectivo a la Secretaria de la CARICOM (Comunidad del Caribe) con el fin de apoyar tanto a la reducción de la oferta como de la demanda de drogas. Esta partida ha estado disponible desde el inicio de la 10ª FED pero la Secretaria de la CARICOM aún no ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a los fondos.

En su nuevo plan estratégico, la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS por sus siglas en inglés) pidió una revisión de la política de drogas en el Caribe para que sea más acorde con la evidencia actual y con las tendencias internacionales.

Sistema de justicia penal

El uso de drogas fiscalizadas en la región del Caribe es tratado exclusivamente como un problema de justicia penal y tal uso a menudo conduce a la encarcelación. El término "tolerancia cero" es una expresión común en la retórica política de la región. Impulsado en parte por la expansión del consumo de cocaína desde mediados de la década de 1980, los sistemas de justicia penal en todo el Caribe  han experimentado un gran aumento de personas que son judicializadas, de acuerdo con el Instituto de Tratamiento contra el Alcohol y las Drogas del Caribe de Santa Lucía. Tal política de drogas, en gran medida centrada en la criminalización de los consumidores, de traficantes de pequeñas cantidades y de personas involucradas en delitos menores relacionados con drogas, ha producido una fuerte tensión en un sistema de justicia penal que carece de una alternativa sólida a la encarcelación. Esto ha conducido al hacinamiento de las cárceles lo que significa un enorme problema para las autoridades nacionales.

Los daños asociados con el tráfico de drogas a menudo empeoran cuando los países tienen un PIB bajo o una infraestructura social deficiente. Haití, que se ubica como uno de los diez estados más frágiles a nivel mundial, y que es el país más pobre de América, ha sufrido los efectos devastadores de la corrupción y del mal gobierno que ha permitido que sea utilizado como ruta de tráfico de cocaína  contribuyendo al aumento de la delincuencia y de la corrupción policial. La región del Caribe también sufre de altas tasas de homicidios y una investigación del Banco Mundial y de la ONUDD indica que el crecimiento del tráfico internacional de drogas en la región está asociada con el aumento de las tasas de homicidio, la proliferación de armas de fuego, la violencia, el secuestro y los delitos relacionados con la propiedad.

Aunque en menor escala que los cárteles de la droga de México y Colombia, el comercio ilícito de drogas en el Caribe aún puede crear grupos delictivos violentos que aporten altos niveles de inseguridad. En Jamaica, en 2010, los intentos de las fuerzas de seguridad para detener a un poderoso narcotraficante local, Christopher 'Dudus' Coke, provocaron la muerte de 73 personas, algunas parte de la población civil. Debido al aumento del tráfico de cocaína a través de la República Dominicana, éste se ha vuelto más volátil y se ha asociado con el aumento de las tasas de homicidio. Los ineficientes y escasos en recursos sistemas de justicia penal del Caribe deben reformarse a fin de mejorar las iniciativas de aplicación de la ley, abolir la corrupción e inculcar la confianza del público en la ley. Esto está ocurriendo ya en algunos países de la región.

La República Dominicana se encuentra en el proceso de reforma de su sistema penitenciario y ha establecido recientemente el Centro de Excelencia en la Reforma de las prisiones y la Reducción de la Demanda de Drogas en Santo Domingo. El centro trabaja con la ONUDD en un intento de fortalecer el sistema de justicia penal del país a través de políticas más eficaces y programas de capacitación. Se centra en la exploración de alternativas a la prisión y en la modernización del sistema de acuerdo con las normas internacionales. A pesar de estos avances, la República Dominicana sigue teniendo el régimen más represivo de la región en cuanto a sus políticas hacia el uso de las drogas.

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ha alentado a los países del Caribe a que adopten los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) como parte de una campaña global para ofrecer alternativas a la prisión en la región.

A pesar de que las alternativas al encarcelamiento deberían ser bienvenidas y promovidas, la evidencia muestra que los Tribunales de Drogas a menudo suponen mayores problemas y a veces pueden ser contraproducentes. Este es particularmente el caso con el programa de la CICAD que está intensamente influido por el modelo estadounidense de las cortes de drogas. Para mayor información, haga click aquí.

La ejecución del proyecto de TTD es una iniciativa que ha demostrado su eficacia en otros países, tanto en términos de reducción de la delincuencia como en la incidencia de recaídas. Los TTD también han reducido los costos económicos de encarcelamiento. En 2012, la OEA/CICAD organizó un evento con el fin de que 40 profesionales de la justicia penal y de la salud de Bahamas, Barbados, Granada, Jamaica y Trinidad y Tobago, recibieran formación de primera mano sobre la función de los TTD en Canadá.

Sin embargo, la filosofía de la CICAD ha sido por lo general muy influenciada por las políticas estadounidenses que ven las drogas como un problema de justicia penal, haciendo caso omiso de la epidemia del VIH y otras consecuencias relacionadas con la salud y evitando las intervenciones basadas en la reducción de daños.

Salud pública

El Caribe es la segunda región, después de África subsahariana, más afectada por el VIH/SIDA. Fuera de la República Dominicana, la transmisión del VIH es principalmente transmitida sexualmente. En una región que es altamente homofóbica, los gobiernos minimizan el impacto de la transmisión hombre a hombre del VIH y siguen atribuyendo erróneamente el incremento de las infecciones del VIH a las "relaciones heterosexuales sin protección". Hay una demanda constante para que se actualice la posición oficial con respecto a la desagregación de las infecciones por comportamientos pero hasta la fecha esto no se ha logrado, en gran parte debido a la política y la ideología.

El uso de drogas inyectables es la causa más común de transmisión del VIH en Puerto Rico. Hay evidencia creciente de que la transmisión sexual del VIH en la región está vinculada con el consumo de crack. En un estudio realizado en 2007 por el Instituto de Investigación de Abuso de Drogas del Caribe (CDARI por sus siglas en ingles), se encontraron altos niveles de VIH entre la población que usa `crack` en comparación con el grupo de personas que no usan esa sustancia. La epidemia de VIH entre la población fumadora de `crack` que no se inyecta drogas está  relacionada con el alto número de parejas sexuales, el sexo sin protección y el impacto inmunodepresivo de la cocaína en el sistema.

Aunque la región cuenta con políticas de VIH y de drogas, éstas continúan siendo gestionadas por separado en lugar de seguir un enfoque integrado. Mientras que los programas nacionales de SIDA son relativamente progresistas en su trabajo con las poblaciones clave, los consejos nacionales de drogas se basan en la abstinencia y en programas de "sólo decir no" que rechazan la reducción de daños porque creen que con ellos se fomenta el uso de drogas. En tal sentido son pocos los países que han prestado atención y apoyo para el desarrollo de medidas de reducción de daños en las políticas nacionales. Puerto Rico es el único territorio del Caribe que tiene en funcionamiento Programas de intercambios de Agujas y Jeringas (PAJ) con 13 sitios cuya  sede está en la capital, San Juan. También es el único país de la región que proporciona tratamiento de  sustitución con opiáceos TSO (6 sitios), 1 de los cuales se encuentra en una prisión. Sin embargo, las medidas de prevención del VIH no se orientan a personas que no usan drogas inyectables pues no son vistos como una población vulnerable.

Derechos de los indígenas

El cannabis fue introducido en el Caribe en el siglo XIX por los trabajadores indios cuyas costumbres apoyaban su uso como medicina y como sacramento religioso. Estas creencias fueron adoptadas por los miembros de la comunidad religiosa Rastafari. En Jamaica, que cuenta con el mayor número de miembros de la religión Rastafari, canabis es ampliamente fumado y tolerado, pero sigue siendo ilegal a pesar de las conclusiones de la "Comisión Ganja", que recomendó su despenalización. El gobierno de la isla afirma que la legalización de pequeñas cantidades de canabis para uso personal violaría los tratados de fiscalización internacional de drogas firmados por Jamaica y además le significaría sanciones de su vecino Estados Unidos.

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