Por Alejandro Madrazo Lajous

En un reciente artículo publicado en el periódico El Financiero, Salvador Camarena reporta que el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa, comenzó un discurso ante el Consejo Coordinador Empresarial de la siguiente manera: “los saluda el jefe de la Policía Municipal de Poza Ricar, Veracruz, el director de la Estatal de Seguridad de Durango, el encargado de la seguridad pública de Saltillo, el jefe de la operación de seguridad en la frontera…” y continúa diciendo que “El general leyó puestos de una veintena de localidades…”.

La cita ilustra dos costos constitucionales –esto es, el menoscabo de compromisos constitucionales básicos- que los mexicanos hemos pagado gracias a la “guerra contra las drogas”: la centralización del régimen federal y la creciente militarización de la vida pública. La idea de “costos constitucionales” se inspira en el creciente esfuerzo por cuantificar los “costos” de la guerra contra las drogas a nivel mundial. Un costo constitucional se presenta cuando afirmamos un compromiso constitucional -esto es, un valor, principio, institución o derecho fundamental- y simultáneamente lo socavamos con alguna política o medida que, en teoría, es coyuntural (sobre los costos constitucionales, ver este estudio que forma parte de los trabajos realizados por el Programa de Política de Drogas del CIDE).

Cuando el Secretario de la Defensa se presenta, con razón, como jefe de la policía municipal de tal o cual municipio o como director de la seguridad estatal de tal o cual estado, debemos alarmarnos no sólo por lo evidente -que ese municipio o ese estado tienen graves problemas de seguridad-, sino porque el arreglo institucional del que veladamente se queja el Secretario de la Defensa está abiertamente violentando un principio medular de nuestro sistema constitucional. El que el gobierno federal centralice las funciones que constitucionalmente les corresponden a los gobiernos estatal o municipal apunta a que nuestro federalismo está naufragando. Si nuestro General Secretario es el responsable de la seguridad pública en nuestras ciudades y comunidades -y no sólo de la seguridad nacional en nuestras fronteras- el carácter “civil” de nuestro gobierno está a disposición del mando militar.

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