Alentamos al Ecuador a conservar el espíritu de respeto por los derechos humanos en las políticas de drogas que han destacado a su país como un valiente innovador en este campo.
El jueves 1° de octubre marca el fin de la fumigación aérea con la herbicida glifosato sobre los cultivos de coca en Colombia, lo cual representa una reñida victoria contra políticas ineficaces, injustas y destructivas para el control de drogas.
El Congreso ‘Drogas, Política y cultura: Perspectivas Brasil-Mexico’ (5-6 de octubre de 2015) ha concluido con una enérgica declaración contra las ‘consecuencias imprevistas’ del actual régimen global para el control de drogas.
El programa piloto de sustitución de opiáceos concluye con resultados positivos en Cali (Colombia). La iniciativa fue desarrollada por UNODC y el Ministerio de Justicia colombiano.
La nueva legislación chilena en materia de cannabis se enfrenta a sus primeros obstáculos de diseño: la distinción entre productos de distintas características y el establecimiento de diferentes umbrales para diferenciar tipos penales.
En el marco de su participación a un panel de expertos organizados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, CELS y 16 organizaciones aliadas hicieron un pronunciamiento común para subrayar el impacto negativo del régimen global de control de drogas.
En este artículo, el Dr. Godofredo Reinicke Borda, Director de Puente, Investigacion y Enlace (P.I.E.), insta a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general a adoptar una perspectiva más humana hacia el uso problemático de sustancias.
El premio Rolleston es un galardón anual que se otorga a una persona u organización por la importancia internacional de su contribución a la reducción de daños de sustancias psicoactivas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) pediría la descriminalización del uso y la posesión de drogas para consumo personal, en un documento que iba a ser presentado en la 24º Conferencia Internacional de Reducción de Daños.
La demanda de amparo introducida ante la sala de la Suprema Corte de Justicia en Mexico ha sido apoyada por un Amicus Curiae producido por 21 organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil que laboran en materia de derechos humanos.